La UCO cifra en 950 millones el fraude del PSOE con la trama de los cursos de formación en Andalucía

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 950 millones de euros el volumen de ayudas de formación concedidas por la Junta de Andalucía durante los gobiernos del PSOE que quedaron pendientes de justificar y sin que se iniciaran los preceptivos expedientes de reintegro. Un nuevo atestado policial, adelantado por ABC, revela una actuación coordinada de altos cargos y funcionarios para eludir los controles administrativos.

El informe, de 35 páginas y entregado el pasado 25 de marzo al magistrado José Ignacio Vilaplana, instructor del caso, concluye que existieron «numerosas irregularidades en todas las fases del proceso», desde la concesión de las subvenciones hasta su gestión y posterior justificación. La investigación se centra especialmente en el periodo comprendido entre 2009 y 2012 y señala a 28 posibles responsables.

Según la investigación policial, esta dinámica permitió continuar concediendo fondos públicos a beneficiarios que todavía no habían justificado correctamente subvenciones anteriores. La UCO atribuye esta situación tanto a la incapacidad de la Administración para completar los procedimientos como a la ausencia o deficiencia de la documentación presentada por las entidades beneficiarias. El resultado fue, según los agentes, una prolongada pérdida de control sobre los fondos.

Para mantener ese flujo de dinero, los investigadores detectan el uso sistemático de certificados de finalidad que no respondían a la realidad y de resoluciones de exceptuación sin una motivación concreta. Estas últimas debían emplearse de forma excepcional, cuando concurrieran circunstancias de especial interés social, pero el informe sostiene que se utilizaron de manera reiterada para numerosas beneficiarias, permitiendo sortear controles y facilitar nuevas concesiones.

Escasos controles

El atestado recoge deficiencias en prácticamente todo el procedimiento. Durante la concesión de las ayudas, según la UCO, no se comprobaron adecuadamente los requisitos de las entidades ni se aplicaron correctamente los criterios de baremación. Posteriormente, el seguimiento de los fondos fue insuficiente, con pocas visitas de inspección y ausencia de controles sobre la asistencia a los cursos y sobre los gastos declarados por las organizaciones receptoras.

Los agentes consideran que semejante funcionamiento no puede explicarse únicamente por errores administrativos aislados. Aunque evitan calificar expresamente los hechos como una «red clientelar», sostienen que el fraude investigado habría sido imposible «sin una actuación concertada y coordinada» de los responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Las conductas detectadas, añade el documento, podrían ser constitutivas de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

En la parte superior de la relación de posibles responsables figura Antonio Fernández García, consejero de Empleo y presidente del SAE entre 2004 y 2010, condenado en el caso ERE. El listado incluye también a los cuatro directores generales con competencias en formación entre 2008 y 2013 –María Josefa Lara González, Manuel Brenes Rivas, Andrés Sánchez Hernández y María Teresa Florido Mancheño–, además de nueve delegados provinciales de Empleo.

La relación se completa con 11 jefes de servicio y tres gestores de consorcios. Entre ellos aparece Ana María Orihuela Espinosa, exconcejal socialista de Almonte, condenada a cuatro años y medio de prisión en la pieza relativa al centro Formades. Algunos de los señalados ya han fallecido, como Juan Carlos Lomeña, que fue delegado provincial de Empleo en Málaga, circunstancia que afecta a las posibles responsabilidades individuales.

La investigación actual tiene su origen en una causa que fue archivada por la juez María Ángeles Núñez Bolaños a petición de la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente reabierta por la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019. La Sección Primera estimó parcialmente un recurso del PP andaluz y ordenó continuar las pesquisas iniciadas en 2014 por la juez Mercedes Alaya, al considerar insuficiente la investigación sobre miles de subvenciones.

En concreto, la Audiencia reclamó profundizar en las 18.023 ayudas relacionadas con la Formación Profesional para el Empleo, de las que 6.273 correspondían al periodo 2009-2012. La UCO sostiene ahora que la falta de seguimiento provocó un menoscabo de los fondos públicos, debido, entre otras prácticas, a la concesión y justificación de ayudas sin cumplir la normativa, a la ausencia de reintegros y a la falta de sanciones ante las infracciones detectadas.

El volumen económico bajo investigación explica la relevancia política de la causa. Entre 2002 y 2012, la Junta de Andalucía destinó 2.896,48 millones de euros a programas de formación. El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020, ya había advertido en 2013, durante un interrogatorio ante Alaya, de la magnitud de estas partidas al comparar los 54 millones anuales de su denominado «fondo de reptiles» con los 290 millones destinados cada año a formación.

El nuevo atestado llega además en un momento decisivo para la instrucción. El juez José Ignacio Vilaplana tiene previsto abandonar el juzgado sevillano el próximo 7 de septiembre para incorporarse a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba. El informe de la Guardia Civil podría servir de base para determinar las responsabilidades penales de los investigados y avanzar hacia el eventual procesamiento de los presuntos responsables.