El convenio con Ceuta que Montero utiliza contra Moreno para forzarlo a acoger menores inmigrantes

El PSOE de Andalucía va a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para que investigue el grado de cumplimiento del convenio firmado por la Junta con Ceuta para el traslado de menores inmigrantes (menas) desde la ciudad autónoma. Así pretende María Jesús Montero forzar a Juanma Moreno a que acoja el contingente que el Gobierno de Pedro Sánchez estime oportuno.

El convenio en cuestión fue suscrito el 11 de enero de 2024 por la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y el consejero ceutí de Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán, para «agilizar» la derivación e integración en Andalucía de menas y aliviar así la «crisis migratoria» que sufría entonces la ciudad autónoma, relativa al colapso de los centros de acogida.

El documento se enmarca en el 'Modelo de gestión de contingencias migratorias' que se aprobó por acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia en su reunión del 27 de julio de 2022, que «prevé la activación de un Plan de Respuesta ante contingencias migratorias que determine las necesidades de traslados entre Comunidades Autónomas».

Se trata, por tanto, de «un instrumento de cooperación interautonómico» y tiene una vigencia de cuatro años desde la fecha de su suscripción; es decir, hasta enero de 2028, con una opción de prórroga por igual periodo de tiempo mediante acuerdo expreso de las partes firmantes, en el marco –ojo– de una «contingencia migratoria».

Sin embargo, el convenio no aclara si una situación como la que sufre actualmente Ceuta, derivada de la invasión que se produjo los días 30 y 31 de julio, puede considerarse una «contingencia migratoria». Ese día 31, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la avalancha de «un ataque a la integridad territorial de España», y en ello se apoyan el PP y sus barones, incluido Juanma Moreno, para oponerse al reparto de inmigrantes.

Montero presiona a Moreno

Frente a este rechazo, María Jesús Montero ha afirmado este martes que «hay una norma legal que obliga a todas las comunidades a un reparto equitativo de los menores que en este momento puedan estar malviviendo en condiciones indignas en la ciudad de Ceuta», si bien ha puntualizado que, por ahora, el Gobierno de España está «filiando a estos menores» y «proponiendo el reparto equitativo que pretende la ley».

Además, la líder del PSOE andaluz ha remarcado que la Junta tiene «capacidad para aliviar la situación de tensión que se vive en Ceuta y para brindar apoyo a los menores, a niños y niñas, que no son invasores», sino que «necesitan de los poderes públicos, de la sociedad, para poder desarrollar un camino de normalidad en su proceso evolutivo».

Por su parte, la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha negado la mayor y ha asegurado el sistema de acogida de menores en Andalucía está «por encima de su capacidad» por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez, que decidió trasladar 600 menas hasta Andalucía y otros 700 «por la puerta de atrás, bajo la apariencia de mayoría de edad», frente a los «cero» que asignó al País Vasco y Cataluña.

Por otro lado, López ha garantizado que «Andalucía va a cumplir la ley, pero no va a ser cómplice de que los menores sean utilizados por el Gobierno de España, una vez más, como mercancía política», recordando a renglón seguido que la propia ley «establece que la reagrupación familiar es una prioridad». «No son maletas, sino personas», ha concluido.