Tres años de cárcel por evaluar a una opositora que había sido su alumna y pareja

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una condena de tres años de prisión para un funcionario que formó parte del tribunal de unas oposiciones a maestro en Granada pese a que una de las aspirantes había sido alumna suya, recibía su ayuda para preparar las pruebas y ambos habían mantenido una relación sentimental.

La condena no se impone por el mero hecho de haber participado en la evaluación, sino por un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

El hombre había firmado previamente varias declaraciones en las que aseguraba no encontrarse en ninguna causa de abstención y no haber preparado durante los cinco años anteriores a opositores del mismo cuerpo y especialidad.

Sin embargo, la Justicia considera probado que desde aproximadamente marzo de 2017 ayudaba precisamente a esta mujer a preparar las oposiciones de inglés en las que posteriormente él actuaría como secretario del tribunal.

Un tribunal que debía haber abandonado

El proceso selectivo comenzó el 24 de junio de 2017 y se prolongó hasta finales de julio. Antes de incorporarse al tribunal, el funcionario declaró que no concurría ninguna de las circunstancias legales que podían obligarlo a apartarse del procedimiento.

Entre ellas figuraba expresamente mantener una amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los aspirantes.

También negó haber realizado labores de preparación para opositores del mismo cuerpo y especialidad durante los cinco años anteriores.

La realidad que posteriormente quedó acreditada era distinta. No solo había prestado asistencia docente a la candidata desde meses antes, sino que ambos mantuvieron contactos telefónicos durante diferentes jornadas en las que se estaban realizando las pruebas.

El TSJA considera que estas circunstancias eran plenamente conocidas por el acusado cuando firmó las declaraciones que le permitieron continuar formando parte del tribunal.

El marido encontró los correos

El caso acabó llegando hasta la Consejería de Educación después de que el entonces marido de la opositora comenzara a sospechar que su esposa mantenía una relación con el funcionario.

El hombre conocía ya que el acusado la ayudaba a preparar las pruebas, hasta el punto de que la llevaba a las clases que recibía en su domicilio. Posteriormente, al detectar numerosas llamadas entre ambos, accedió al ordenador utilizado por el matrimonio y encontró correos electrónicos intercambiados entre su mujer y el acusado.

El funcionario intentó que estas pruebas fueran anuladas argumentando que habían sido obtenidas de forma «ilícita», ya que el marido había accedido a ellas sin permiso de su esposa.

El TSJA ha rechazado esta tesis. La Sala señala que se trataba de un ordenador de uso compartido dentro del matrimonio, sin contraseña, y considera que los correos aparecieron «de forma casual» mientras el marido trataba de comprobar sus sospechas sobre la relación.

Tres años de cárcel y dos de inhabilitación

La Audiencia Provincial de Granada ya había condenado al funcionario en 2024. Ahora el TSJA ratifica la pena principal de tres años de prisión, aunque estima parcialmente su recurso en lo relativo a la sanción económica.

La multa inicialmente fijada en 10.800 euros queda reducida a 1.800 euros. A ello se añaden dos años de inhabilitación especial para ejercer como docente de Educación Primaria en su condición de funcionario público.

La sentencia confirma así la responsabilidad penal de quien, teniendo conocimiento de su relación previa con la candidata y de que había participado en su preparación, declaró oficialmente que no existía ninguna circunstancia que le impidiera formar parte del órgano encargado de las oposiciones.