El colapso de los juzgados en Andalucía provoca 'carpetazos' y rebajas de penas a narcos

La lucha contra el narcotráfico en Andalucía se enfrenta también a un problema que ocurre lejos del mar. El colapso de los juzgados, especialmente en Cádiz, está provocando que investigaciones contra organizaciones criminales se alarguen durante años, con consecuencias que benefician a los acusados. La Fiscalía Superior de Andalucía alerta de archivos por prescripción y de rebajas de condena a narcos debido a estos retrasos.

Cádiz concentra buena parte de las dificultades. Considerada la principal puerta de entrada de la droga en España a través del Estrecho, la provincia acumula macrocausas que sobrepasan a los órganos judiciales del Campo de Gibraltar, Barbate y Chiclana de la Frontera. La Fiscalía andaluza, dirigida por Ana Tárrago, afirma que estos juzgados están «desbordados por volumen de trabajo, macrocausas vinculadas con el narcotráfico y notorias deficiencias de medios personales».

En la última memoria de la Fiscalía andaluza se denuncia también «lo anacrónico de nuestro sistema procesal y agravado ahora con la implantación de los Tribunales de Instancia». Según el Ministerio Público, esta situación «origina grandes dilaciones que dan lugar, de una parte, a la falta de control del artículo 324 LECrim», además de favorecer la paralización de investigaciones.

Así las cosas, las consecuencias pueden llegar incluso al archivo de las actuaciones cuando los delitos prescriben. La Fiscalía advierte, concretamente, de que las demoras provocan «la paralización de las causas, llegando en ocasiones a la prescripción». Además, cuando los procedimientos sí llegan a juicio, el paso del tiempo también puede tener repercusiones sobre las condenas, ya que permite aplicar atenuantes por dilaciones indebidas, «con frecuencia muy cualificadas», que se traducen en importantes rebajas de penas.

La situación también afecta a los juzgados de lo Penal de Cádiz capital, donde el tiempo transcurrido desde la entrada de un procedimiento hasta la celebración del juicio alcanza «con frecuencia plazos desmesurados que alcanzan varios años». Mientras esto ocurre, a los narcos les da tiempo a invertir los beneficios de la droga y poner en marcha nuevas estructuras destinadas a ocultar el origen del dinero.

Uno de los principales frentes es precisamente el blanqueo de capitales, pues los clanes de la droga adquieren inmuebles y crean empresas pantalla para camuflar el dinero. La propia Fiscalía reconoce resultados «insatisfactorios» en este ámbito, que atribuye a la dificultad de las causas y a la insuficiencia de recursos disponibles para seguir el ritmo de unas redes criminales cada vez más sofisticadas.

Los fiscales especializados en narcotráfico no se libran de esta presión. De hecho, en la memoria se alerta de la «sobrecarga» de trabajo que soportan las secciones Antidroga, especialmente en Almería y Marbella, donde «los dos Fiscales Delegados carecen de apoyo adicional por parte de otros fiscales y no disponen de una Sección Especializada, a pesar de la complejidad de las causas». Por ello, la Fiscalía considera que «sería necesario al menos un fiscal más por cada una de las demarcaciones».

En general, ante esta situación, el Ministerio Público reclama reformas legislativas para reforzar la respuesta contra el narcotráfico. Entre sus propuestas figuran un endurecimiento de las penas por defraudación de fluido eléctrico cuando se destine al cultivo de droga; la retirada del permiso de conducir a quienes transporten combustible para las narcolanchas, y castigar el impacto medioambiental provocado por los vertidos de gasolina en zonas especialmente protegidas.