La Justicia da el visto bueno a investigar al consejero del PSOE que asesoró a Begoña Gómez sobre su cátedra

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha respaldado la decisión de la Cámara de Cuentas regional de investigar a su consejero Antonio Manuel López Hernández, designado a propuesta del PSOE, por prestar asesoramiento legal a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a espaldas de un órgano que le paga por una «dedicación absoluta» a su cargo.

En un auto con fecha del pasado 24 de julio, adelantado por ABC de Sevilla, el TSJA rechaza el recurso en el que el vocal socialista alegó una vulneración de derechos fundamentales para frenar la investigación, que se inicia después de que la Cámara de Cuentas de Andalucía se enterara por los medios de comunicación de que Antonio López había elaborado un informe técnico para Begoña Gómez en la causa instruida por el juez Juan Carlos Peinado.

Los magistrados consideran que la Cámara de Cuentas puede examinar las actividades profesionales de sus consejeros y determinar si existe una incompatibilidad sobrevenida. Así pues, avalan la apertura de un expediente sancionador para esclarecer «la presunta existencia de una incompatibilidad sobrevenida y un eventual incumplimiento de los deberes inherentes» al cargo.

Antonio López, expresidente de la propia Cámara de Cuentas de Andalucía, había denunciado la vulneración de su «derecho de participación política y pública», de su derecho de defensa y del principio de legalidad sancionadora, recogidos en los artículos 23, 24 y 25 de la Constitución. También cuestionó que el Pleno de la Cámara, dependiente del Parlamento andaluz, tuviera «competencia alguna para sancionar ni procedimiento para su ejercicio».

Sin embargo, el TSJA descarta que la ausencia de un procedimiento expresamente regulado implique una lesión de derechos fundamentales. Según el auto, el acuerdo aprobado el 28 de mayo constituye únicamente el inicio de una vía disciplinaria que permite al afectado presentar alegaciones. Los jueces sostienen que este cauce le «ofrece mayor garantías» para defenderse y precisan que la decisión inicial todavía no puede ser objeto de control judicial, al no haber concluido el expediente.

La resolución se suma a otro auto, fechado el 15 de julio, en el que el TSJA ya rechazó suspender cautelarmente la investigación. Los magistrados consideraron «prematuro» paralizar un procedimiento administrativo que aún no había finalizado. El tribunal entiende así que deben esclarecerse los hechos antes de valorar sus posibles consecuencias, mientras la Cámara continúa las actuaciones para determinar si el consejero incumplió las obligaciones asociadas a su puesto.

Un cargo que exige «dedicación absoluta»

El origen del expediente está en la posible incompatibilidad entre las actividades privadas de López y el régimen de exclusividad de su cargo. El consejero percibe más de 83.000 euros anuales por una función que exige «dedicación absoluta». Además del asesoramiento técnico a Gómez, desarrolló labores docentes privadas en distintos másteres universitarios, actividades para las que, según los registros oficiales de la Cámara, no consta una solicitud previa de compatibilidad.

En el caso de Begoña Gómez, Antonio López elaboró un informe pericial para respaldar la cátedra extraordinaria que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En su documento, no apreció «anomalía» alguna en la gestión ni en la tramitación institucional del máster y describió la dirección de los programas universitarios como una actividad «sustancialmente altruista». Su intervención se produjo en el marco de la causa judicial en la que Gómez está investigada.

La Cámara de Cuentas deberá determinar ahora si el consejero vulneró de forma grave las normas de incompatibilidad aplicables a sus miembros. Si el expediente confirma una infracción que justifique su salida, la decisión definitiva corresponderá al Parlamento andaluz, que aprobó su nombramiento a propuesta del Grupo Socialista. El procedimiento no implica por sí mismo una sanción ni una destitución, pero podría tener consecuencias sobre la continuidad de López en el órgano fiscalizador.