Huelva  Difundir una conversación privada de dos socialistas puede costarle tres años de cárcel al alcalde de Almonte

La Fiscalía de Huelva ha pedido tres años de cárcel para el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y cuatro años y seis meses para su segunda teniente de alcalde, Marta Cáceres, ambos del partido local Ilusiona, por fotografiar sin permiso una conversación privada de WhatsApp del alcalde de Bonares, Juan Antonio García (PSOE), y difundirla después durante la retransmisión de un pleno municipal.

Según el escrito de acusación, el Ministerio Público acusa al alcalde de un delito de revelación de secretos y a la edil de un segundo delito de descubrimiento. Además de la pena de cárcel, solicita para ambos 10 años de inhabilitación absoluta.

Los hechos se remontan al 8 de febrero de 2024, durante la celebración del pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), que tuvo lugar en el Teatro Salvador Távora de Almonte. A dicho pleno acudió la acusada, María Victoria Cáceres, en su condición de segunda teniente de alcalde y concejal delegada del Área de Sostenibilidad, Urbanismo y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Almonte.

La concejal se encontraba sentada detrás del alcalde de Bonares, Juan Antonio García. Así, aprovechando esa proximidad, la acusada usó el zoom de la cámara de su teléfono móvil para fotografiar la pantalla del terminal de García mientras este mantenía una conversación de WhatsApp con José Miguel Espina, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte.

En la imagen capturada se leía el mensaje enviado por el regidor de Bonares: «Esta es la propuesta que le mandamos al ministerio y el escrito con nuestros criterios». Se refería al reparto de 70 millones de euros del marco de actuaciones para Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica.

Dicho mensaje era contestado con un emoticono con el pulgar hacia arriba. En la instantánea figuraba además la fotografía del perfil privado del concejal almonteño, que incluía imágenes de familiares menores de edad.

Al día siguiente, en el curso del pleno del Ayuntamiento de Almonte, la concejal entregó una impresión en papel de la captura en una carpeta al alcalde, quien exhibió la imagen ante la corporación y el público durante del punto sobre reparto de fondos socioeconómicos a los municipios de Doñana. El regidor recriminó así al concejal socialista haber participado en la propuesta enviada al Ministerio, pese a haber afirmado públicamente que desconocía el acuerdo.

El escrito de acusación recoge que, durante el pleno, el alcalde expresó lo siguiente: «Pues a mí me pasan una foto del teléfono del alcalde de Bonares donde José Miguel Espina, de Almonte, dice, ante la propuesta, esta es la propuesta que le mandamos al ministerio y el escrito con nuestros criterios, y tú le pones esta carita; ¿esto qué quiere decir?, ¿que no estabas de acuerdo con él?, ¿que no la conocías?; el problema al final es matar al mensajero».

«¿Quién hizo la foto? Yo no sé quién hizo la foto, aquí está la foto y me la han mandado. ¿Tú no lo conocías? Tú has dicho aquí en varias ocasiones que tú no conocías el acuerdo y que tú no habías participado en nada de esto y resulta que tú le has dado el visto bueno a la propuesta que ellos han hecho para mandar al Ministerio», continúo el alcalde, según recoge el escrito.

Además, señala la Fiscalía que el pleno fue objeto de grabación y retransmisión en directo por parte de Doñana Comunicación SA y que el vídeo correspondiente fue subido al canal de Youtube Doñana Comunicación, donde aún se encuentra disponible para su visualización.

Así las cosas, la Fiscalía pide para la concejal María Victoria Cáceres cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos e inhabilitación absoluta durante el periodo de diez años; mientras que para el alcalde almonteño solicita, por el delito de revelación de secretos, la pena de tres años de prisión, 24 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y la inhabilitación absoluta durante el periodo de diez años.

Asimismo, los acusados deberán indemnizar, «conjunta y solidariamente», a José Antonio García el importe de 3.000 euros por el «daño moral causado por la intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad», y al concejal José Miguel Espina el importe de 5.000 euros por «el daño moral generado al mismo».