El hotel más polémico de Almería da un paso decisivo hacia su demolición tras 20 años de bloqueo

Han pasado 20 años desde que la Justicia ordenó paralizar las obras de uno de los hoteles más polémicos de España. El Algarrobico, levantado a escasos metros del Mediterráneo, continúa dominando el paisaje de Carboneras (Almería), convertido en un símbolo de los excesos urbanísticos en el litoral español. Sin embargo, su futuro podría estar más cerca de resolverse después del último acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía.

Ambas administraciones celebraron este jueves, 8 de octubre, una nueva reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento para abordar los pasos necesarios para demoler el inmueble y recuperar el entorno protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El encuentro, desarrollado por videoconferencia, terminó con el compromiso de coordinar las actuaciones pendientes y acelerar los trámites administrativos.

La principal novedad respecto a anteriores reuniones es que el hotel ya no cuenta con la licencia municipal que permitió su construcción. El Ayuntamiento de Carboneras la declaró nula el pasado 7 de julio, una decisión que ha abierto una nueva etapa en un procedimiento marcado durante décadas por los recursos judiciales y las discrepancias entre instituciones.

20 años de obras paralizadas

La historia de El Algarrobico comenzó mucho antes de convertirse en uno de los casos urbanísticos más conocidos del país. En enero de 2003, el Ayuntamiento de Carboneras concedió a la promotora Azata del Sol la licencia para construir un complejo hotelero en las inmediaciones de una playa situada dentro del entorno protegido de Cabo de Gata-Níjar.

El proyecto avanzó hasta levantar una estructura de 21 plantas que llegó a estar prácticamente terminada. Sin embargo, las denuncias de colectivos ecologistas y los posteriores procedimientos judiciales terminaron provocando la paralización de las obras en febrero de 2006.

Desde entonces, el inmueble permanece abandonado frente al mar. Los tribunales han dictado distintas resoluciones sobre la protección de los terrenos y la legalidad de la construcción, pero el edificio ha continuado en pie.

Durante estos años, El Algarrobico se ha convertido también en motivo de enfrentamiento político por las responsabilidades y el coste de su desaparición.

La decisión que desbloquea el procedimiento

La situación cambió el pasado verano, cuando el Ayuntamiento de Carboneras anuló finalmente la licencia de obras concedida en 2003. Hasta entonces, la vigencia de aquella autorización municipal constituía uno de los principales obstáculos para iniciar el procedimiento de recuperación de los terrenos.

Tras ese acuerdo, la Junta abrió el 9 de septiembre un expediente de restablecimiento de la legalidad territorial. Su finalidad no se limita a derribar el edificio: también contempla eliminar las instalaciones e infraestructuras vinculadas al complejo y devolver el espacio a unas condiciones compatibles con su protección ambiental.

El procedimiento tiene un plazo máximo de un año antes de que pueda producirse su caducidad. Además, las partes interesadas disponen de las garantías y posibilidades de alegación previstas legalmente.

La nulidad de la licencia, no obstante, ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por lo que todavía quedan cuestiones judiciales pendientes de resolución.

Un acuerdo sin fecha para las máquinas

La reunión de este jueves ha servido para acercar las posiciones de las administraciones después de años de desacuerdos sobre cómo ejecutar la demolición.

El Gobierno y la Junta han recuperado como referencia el protocolo firmado en noviembre de 2011. Aquel documento establecía que, llegado el momento, el Ejecutivo central asumiría la demolición del inmueble y la Administración andaluza se encargaría de retirar y gestionar los escombros.

Sin embargo, las administraciones también contemplan ahora que el restablecimiento de la legalidad territorial permita exigir a la promotora las actuaciones necesarias para recuperar el espacio natural.

Pese al compromiso de colaboración, el último encuentro no ha dejado un calendario público de demolición ni una fecha concreta para la entrada de la maquinaria. Tampoco se ha anunciado un presupuesto definitivo para ejecutar los trabajos.

Después de dos décadas de litigios, El Algarrobico ha superado uno de sus principales obstáculos administrativos. El derribo, sin embargo, sigue dependiendo de que los procedimientos pendientes culminen con las garantías jurídicas necesarias para poner fin a una de las construcciones más controvertidas de la costa española.