Una calle del barrio almeriense de El Puche, en una imagen de archivo
Ultimátum de la Junta a 32 familias en El Puche (Almería): serán desahuciadas si no instalan contadores de luz
Tienen diez días laborables para hacerlo y si se niegan, se enfrentarán al desalojo de las viviendas públicas que ocupan en régimen de alquiler
La Junta de Andalucía ha dado un ultimátum a varios vecinos de la barriada de El Puche, en Almería capital. Tienen diez días laborables, que empezaron a contar desde el pasado 7 de octubre, fecha en la que recibieron la carta, para instalar contadores de luz. De lo contrario, se enfrentan a su desahucio.
Una amenaza que afecta a un total de 32 familias que viven de alquiler, según La Voz de Almería, en sendos bloques de viviendas públicas en la calle Manolo Caracol. Ante el miedo de perder sus casas, los vecinos se han concentrado en la capital almeriense para «pedir una reunión y buscar una solución».
Alegan que cuando entraron a vivir en las viviendas, no existían los contadores individuales, y que llevan años intentando supuestamente regularizar el suministro eléctrico. Unas explicaciones que parecen no haber convencido a los técnicos de la Junta. No en vano, El Puche arrastra graves problemas históricos de suministro, cortes de luz recurrentes y disputas por enganches ilegales y sobrecargas en la red, en parte, agravadas por las plantaciones de marihuana.
Enganches ilegales
Los afectados han salido a la calle para denunciar lo que consideran una coacción por parte del organismo autonómico, obviando que este conflicto viene de antiguo.
Una investigación del periódico local Ideal constató en 2024 que más de 3.200 familias almerienses sufrieron cortes de luz en sus casas durante el último mes pese a estar al corriente del pago en sus mensualidades. Tras acudir al Ayuntamiento, a la Junta, a la Subdelegación del Gobierno y a la compañía eléctrica, la explicación fue la siguiente: todo se debía a los enganches ilegales. Distintos negocios de barriadas como Pescadería, Almendros o Los Molinos también se vieron afectados, lo que causa graves perjuicios económicos.
Los sindicatos y asociaciones del barrio consideran injusto culpar a los inquilinos de un problema que afecta a todas las instalaciones del barrio, acusando a Endesa de haber dejado de invertir en la red desde hace tiempo. Si bien reconocen que los cultivos ilegales de marihuana forman parte del problema, recuerdan que el estado de las instalaciones y la falta de actuaciones lo han cronificado.