Imágenes del inicio de la atención a inmigrantes en sus trámites para la regularización en el Puerto de Almería
Almería registra una cifra de regularización de inmigrantes que equivale a más del 4 % de su población total
La provincia ha registrado 32.638 solicitudes en el proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
La provincia de Almería ha registrado 32.638 solicitudes en el proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes, una cifra que equivale a más del cuatro por ciento de su población, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM-Almería).
La entidad ha dado a conocer estas cifras con motivo de la celebración de dos encuentros festivos en el asentamiento chabolista de El Hoyo, en Barranquete, y en la plaza de la Iglesia de Puebloblanco, ambos en Níjar, en los que personas beneficiarias de la regularización han compartido sus experiencias.
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Según los datos facilitados a Europa Press por el SJM-Almería, el proceso extraordinario ha recibido 1.174.978 solicitudes en toda España, de las que el 57 por ciento corresponden a hombres y el 43 por ciento a mujeres.
Además, casi seis de cada diez solicitantes tienen menos de 34 años y, hasta el pasado 30 de septiembre, se habían contabilizado 421.306 afiliaciones a la Seguridad Social asociadas a la regularización.
De Marruecos y el África subsahariana
La cifra de Almería se aproxima a las 33.690 solicitudes contabilizadas en Sevilla. El SJM-Almería ha tramitado 243 expedientes de regularización, de los que el 54 por ciento cuenta ya con una resolución favorable, otro 38 por ciento ha sido admitido a trámite y el ocho por ciento permanece pendiente de resolución. La organización ha destacado que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna resolución denegatoria.
Las personas atendidas proceden principalmente de Marruecos y de distintos países del África subsahariana, entre ellos Senegal, Gambia, Mali, Guinea Conakry, Mauritania, Ghana y Costa de Marfil, y se encuentran vinculadas al trabajo en el sector hortofrutícola.
La entidad ha señalado que la regularización permite acceder al empleo formal, cotizar a la Seguridad Social, ejercer derechos laborales y cumplir las obligaciones en mejores condiciones, además de contribuir a «reducir los espacios de la economía sumergida».
No obstante, ha advertido de que disponer de una autorización de residencia y trabajo no garantiza automáticamente un «empleo digno ni unas condiciones de vida adecuadas», debido a la existencia de situaciones de «explotación, empleo informal, infravivienda y dificultades para acceder a derechos y servicios».