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El ex alto cargo de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo sale de prisión, a 3 de julio de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha ordenado "mandamiento de libertad" para el ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión y quien cumple su pena en la cárcel de Sevilla I,

Francisco J. Olmo / Europa Press
03/7/2024

El exconsejero Francisco Vallejo, también condenado por los ERE, a su salida de prisión (archivo)Francisco J. Olmo - Europa Press

Caso Avales

Al banquillo 14 ex altos cargos del PSOE por conceder un aval millonario a una empresa con un simple correo

La Audiencia de Sevilla rechaza los recursos del exconsejero Francisco Vallejo y otros antiguos responsables del Gobierno andaluz y confirma su procesamiento

Un simple correo electrónico con un «plan de negocio» bastó para que la Junta de Andalucía comprometiera 1,18 millones de euros de dinero público en favor de una cooperativa sevillana en quiebra. Aquel aval, concedido en 2008 y que terminó costando más de 1,26 millones a las arcas autonómicas, llevará ahora al banquillo a 14 antiguos altos cargos del PSOE, así como a tres empresarios.

La operación se gestó en el seno de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y de la Agencia IDEA, cuyos responsables decidieron respaldar financieramente a Cofrutex, una cooperativa agroalimentaria de Tocina (Sevilla). Para ello no exigieron siquiera una solicitud formal de aval. Según los autos judiciales, les bastó con recibir por correo electrónico su «plan de negocio», sin que constara un solo informe interno que analizara la solvencia de la empresa o la viabilidad económica de la financiación.

Con aquel aval de 1,18 millones de euros, Cofrutex pudo acceder a un préstamo bancario de 1,47 millones destinado a refinanciar sus deudas. Sin embargo, el respaldo de la Administración autonómica no consiguió evitar el desenlace que precisamente debía conjurar: la cooperativa terminó quebrando en 2014, y sus trabajadores, en el paro.

El fracaso de la operación tuvo además una segunda consecuencia: los responsables de IDEA tampoco emprendieron las actuaciones necesarias para recuperar los fondos. Cuando la sociedad quebró, no realizaron «reclamación alguna» para exigir la devolución del dinero comprometido. El perjuicio para las arcas andaluzas ascendió finalmente a 1.266.241,65 euros, resultado de sumar el aval y las comisiones financieras que hubo que abonar tras el impago del préstamo bancario.

Las penas solicitadas por Anticorrupción suman 98 años de prisión para los 14 ex altos cargos

Para la Fiscalía Anticorrupción, aquella sucesión de decisiones desembocó en el «extravío definitivo de fondos públicos» y fue consecuencia de una actuación concertada de los responsables de la Administración. La acusación considera que la concesión de la garantía se produjo de forma arbitraria y al margen de los controles exigibles. Por ello, solicita penas que suman 98 años de prisión para los 14 ex altos cargos del PSOE implicados.

En el centro de las decisiones que permitieron conceder el aval se encontraba Francisco Vallejo Serrano, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa entre 2004 y 2009 y presidente del Consejo Rector de IDEA. Fue precisamente este órgano el que autorizó la operación en noviembre de 2008. Junto con él participaron en la trama investigada su entonces viceconsejero, Jesús María Rodríguez Román, y los antiguos directores generales de IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde.

La investigación también afecta a los vocales del Consejo Rector que respaldaron la operación, entre ellos Isabel de Haro Aramberri, Ángel Garijo, Francisco del Río Muñoz, Teresa Sáez Carrascosa, María Teresa Sáez Ponte, Juan C. Soriano Hernández y Francisco Triguero. Completan la relación de acusados los exdirectivos de IDEA Bienvenido Martínez Martínez y Francisco Álvaro Julio, así como el antiguo jefe de los servicios jurídicos de la agencia, José Antonio A. Q. A ellos se suman tres antiguos miembros de la cooperativa beneficiaria: Antonio Javier I. V., Manuel J. Q. y Luis Alfonso V. F.

Sobre todos ellos, precisamente, acaba de pronunciarse la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. En 14 autos, los magistrados han rechazado casi por completo los recursos de las defensas y han confirmado el procesamiento de los 17 investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La resolución ratifica el criterio del juez instructor, José Ignacio Vilaplana, que dio por concluida la investigación en julio de 2025 y ordenó la apertura de juicio oral un año después, hace cuatro meses.

En el caso de Vallejo, que ya ha estado en prisión por la trama de los ERE, la Audiencia considera que existen elementos suficientes para mantener la acusación y descarta que deba archivarse la causa. «Contamos con indicios racionales de criminalidad bastantes que apoyan la posibilidad de que recaiga finalmente una condena», señalan los magistrados. La Sala sostiene que el exconsejero «permitió la concesión del aval» al participar en el Consejo Rector que aprobó la operación al margen de «razones de legalidad y no arbitrarias».

La defensa del antiguo consejero había alegado que su «única intervención» consistió en asistir a aquella reunión, en la que se aprobó la propuesta del órgano ejecutivo y se delegó en Jacinto Cañete la determinación de las condiciones y garantías. También sostenía que las diligencias «no acreditan» que conociera la valoración técnica, la instrumentación o la ejecución posterior del aval, y denunciaba que el auto instructor se «fundamentara en un juicio de probabilidad carente de indicios suficientes».

La Audiencia ha rechazado igualmente el recurso de Francisco del Río Muñoz, antiguo director del Gabinete Jurídico de la Junta durante tres décadas. Su defensa reconoció la existencia de «múltiples deficiencias en la tramitación del aval», aunque argumentó que los vocales del Consejo Rector desconocían los detalles de los expedientes que se sometían a su aprobación. Los magistrados tampoco han considerado suficientes estos argumentos para apartarlo del procedimiento.

La pieza de Cofrutex forma parte de la macrocausa de los Avales de IDEA, que investiga las garantías concedidas a una veintena de empresas andaluzas en crisis. Algunas habrían recibido simultáneamente avales excepcionales de la agencia autonómica y subvenciones irregulares de la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Consejería de Empleo, con cargo al fondo de los ERE.

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