Uno de los detenidos por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz)
Cádiz
El CGPJ nombra a una nueva jueza en Barbate tras concluir que la carga de trabajo supera los medios actuales
El Consejo General del Poder Judicial refuerza los juzgados de la localidad barbateña tras el asesinato de dos guardias civiles
La lucha contra el narcotráfico no acabará en victoria si al operativo policial no le acompaña un ejercicio judicial práctico y eficaz.
Por ello, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido reforzar los juzgados de Barbate, la localidad en la que fueron asesinados recientemente dos guardias civiles.
La medida había sido solicitada tanto por los magistrados del Campo de Gibraltar como por diferentes asociaciones judiciales que venían alertando de los escasos recursos de los que disponía la Justicia para hacer frente al problema.
Medidas propuestas por la inspección
Así, la Comisión Permanente del CGPJ, que se ha trasladado a la capital gaditana para analizar la situación, ha decidido aprobar medidas de refuerzo para las áreas judiciales de la zona mas afectadas. De momento y como decisión principal, se producirá la adscripción de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut en los juzgados de primera instancia e instrucción 1 y 2 del municipio barbateño.
Dicho refuerzo fue ya propuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha recibido el respaldo de un estudio elaborado por el Servicio de Inspeccion de CGPJ sobre la carga de trabajo de los partidos judiciales de Cádiz y Huelva.
La investigación recabó datos que confirmaban que la carga de trabajo global, tanto civil como penal, superaba en todos estos partidos los propios indicadores que establece el CGPJ, con la única excepción, curiosamente, de Barbate en el año 2023.
Para dar respuesta a todos los problemas detectados, públicos y notorios, el informe propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque, así como crear un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en los de Moguer y Sanlúcar de Barrameda, además de adoptar otras medidas de refuerzo extraordinarias, entre las que se encuentra la decisión de nombrar una nueva juez para Barbate.
El informe señala que la complejidad de las causas por delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales se deriva tanto de las dificultades para su investigación como del elevado número de investigados y/o testigos.
Reformas legislativas
Otros de los aspectos que están influyendo negativamente en la lucha contra el narco son los medios materiales insuficientes, ya que el documento habla de edificios antiguos y con dependencias inadecuadas, equipos informáticos obsoletos y hasta ausencia de impresoras.
El informe entiende que resultaría eficaz acometer reformas legislativas como la modificación del artículo 65.1ºd) de la Ley Orgánica del Poder Judicial estableciendo una regla competencial nueva en materia de delitos contra la salud pública cuando estos fueran de especial gravedad sin necesidad de que «produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas provincias», de modo que los de mayor complejidad se atribuyeran a la Audiencia Nacional.
También contribuiría a la agilización de la tramitación de estos procedimientos la modificación de los artículos 216, 217, 221, 222 y 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la supresión del recurso de reforma y la concentración de recursos en el momento de concluir la instrucción, salvo los que afecten a la situación personal de los investigados o pruebas preconstruidas, introduciendo limitaciones para los recursos reiterativos con finalidad netamente dilatoria.
El informe entiende que resultaría eficaz acometer reformas legislativas como la modificación del artículo 65.1ºd) de la Ley Orgánica del Poder Judicial estableciendo una regla competencial nueva en materia de delitos contra la salud pública cuando estos fueran de especial gravedad sin necesidad de que «produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas provincias», de modo que los de mayor complejidad se atribuyeran a la Audiencia Nacional.
También contribuiría a la agilización de la tramitación de estos procedimientos la modificación de los artículos 216, 217, 221, 222 y 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la supresión del recurso de reforma y la concentración de recursos en el momento de concluir la instrucción, salvo los que afecten a la situación personal de los investigados o pruebas preconstruidas, introduciendo limitaciones para los recursos reiterativos con finalidad netamente dilatoria.
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