Andalucía refuerza la protección del suelo rústico tras paralizar 53 nuevas parcelas ilegales en Barbate

La Junta de Andalucía ha reforzado su compromiso con la protección del suelo rústico al paralizar la construcción de una urbanización ilegal en la Ribera de La Oliva, en el término municipal de Barbate (Cádiz). La actuación, que incluye el precinto y suspensión de uso de 53 parcelas, ha sido ejecutada por la inspección urbanística de la Consejería de Fomento con el apoyo del Seprona, la Policía Autonómica y la Policía Local.

Las nuevas parcelas ilegales se localizaron en un enclave especialmente sensible, junto al Parque Natural La Breña y Marismas de Barbate. El terreno, catalogado como suelo rústico común, se encuentra dentro de la zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, lo que refuerza la gravedad de la infracción urbanística cometida por los propietarios de los lotes.

Desde las últimas actuaciones de precinto realizadas en julio de 2024 se han detectado 53 nuevas parcelas ilegales en las que sus propietarios estaban realizando actos de vallado y la construcción de viviendas ilegales, la mayoría de ellas prefabricadas. Todo ello sin ningún tipo de permiso o autorización y a sabiendas de la ilegalidad de las actuaciones, ya que los operativos efectuados en años anteriores por la inspección autonómica han tenido una importante repercusión mediática.

Los precintos de los nuevos lotes detectados han sido notificados a sus propietarios durante el pasado mes de marzo, en cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Consejería de Fomento. En dichos escritos se ordenaba la inmediata suspensión de toda obra o uso sobre las edificaciones por su carácter ilegal. Además, se citó a los propietarios a pie de parcela para explicarles las medidas adoptadas.

La intervención pretende frenar la ocupación ilegal de un espacio natural protegido, sobre el que ya existen múltiples órdenes de demolición. Las edificaciones clandestinas generan residuos no controlados y suponen un riesgo ambiental importante. Además, se evita un riesgo para los propios propietarios, ya que algunos lotes, sobre todo los más próximos a las Marismas de Barbate, se sitúan en un enclave con peligro de inundaciones.

Los procedimientos sancionadores y de protección de la legalidad iniciados por la inspección autonómica se realizan en plena coordinación con la Fiscalía de Cádiz, teniendo en cuenta el carácter delictivo de edificar en zona rústica. Además, como novedad que recoge la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), estas sanciones no solo irán dirigidas contra los parceladores, sino también a quienes adquieren lotes o porcentajes de participación en dichas parcelaciones.

Esta intervención se ha llevado a cabo al amparo del marco normativo que la Junta de Andalucía ha generado con la LISTA y su reglamento, que ha supuesto un refuerzo de la inspección autonómica, que ahora sí puede ejercer competencias directas frente a infracciones de carácter territorial en suelo rústico. Este cambio le permite actuar de manera preventiva y aumentar el número de actuaciones para preservar el territorio.

De hecho, el balance de actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de inspección urbanística y ordenación del territorio cerró con un récord de 2.149 actuaciones en 2024. Destacan los casi 500 precintos y, sobre todo, el número de parcelas y edificaciones expedientadas por construir ilegalmente, que se ha multiplicado por 14 con respecto a 2018.