Así es el megaproyecto urbanístico que promete revolucionar Tarifa con más de 500 viviendas

El Gobierno de Juanma Moreno ha tomado razón esta semana de la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de las primeras promociones de Andalucía para agilizar su ejecución y puesta en marcha. El proyecto residencial Albacerrado ha sido el primero en acogerse a esta fórmula para impulsar la construcción de 514 viviendas en Tarifa, de las cuales de las que más de la mitad (55 %) serán de protección oficial (VPO).

Esta iniciativa, llamada a revolucionar el paisaje urbano de Tarifa, se acoge al Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, así como a la Ley de Vivienda de Andalucía, que permiten agilizar la tramitación de proyectos de gran envergadura. Según la normativa, los desarrollos deben incluir al menos 250 VPO o contar con más de 500 unidades con reserva de suelo para vivienda protegida, comenzando la construcción de al menos la mitad en un plazo inferior a cinco años.

Esta iniciativa residencial, promovida por la empresa Investment Real Estate Tarifa, reúne estos requisitos. En concreto, de las 514 viviendas planificadas, 283 serán de protección oficial, de las que, a su vez, al menos la mitad serán de régimen especial, siguiendo las directrices del Plan Vive en Andalucía. Además, el proyecto contempla las cesiones obligatorias al Ayuntamiento, reforzando su carácter social en un municipio con alta demanda de vivienda accesible.

El proyecto representa la primera fase de un ámbito residencial de mayor alcance, que prevé en conjunto aproximadamente mil viviendas, compartiendo infraestructuras y dotaciones. La intervención se ampara expresamente en el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, que identifica el ámbito de El Guijo-Albacerrado como área de oportunidad estratégica para el desarrollo residencial, estableciendo una reserva mínima de vivienda protegida que la propuesta presentada cumple e incluso supera.

Desde el punto de vista económico, el proyecto Albacerrado supone una inversión de 131.761.659 euros y presenta un impacto significativo en la generación de empleo. Se estima la creación de 454 puestos de trabajo directos durante las obras de urbanización y construcción, además de otros 14 empleos indirectos. La actividad derivada también favorecerá sectores vinculados al comercio y los servicios.

La incorporación del proyecto a la UAP permitirá acelerar y coordinar todos los trámites administrativos, así como mantener a la promotora informada en tiempo real sobre permisos y autorizaciones. La Unidad realiza también un estudio exhaustivo de la normativa aplicable y de los organismos implicados. Con todos estos datos, se elabora un cronograma detallado que asegura el cumplimiento de los plazos hasta la puesta en marcha de las viviendas.

El proyecto Albacerrado no solo cambia el paisaje urbano de Tarifa, sino que también establece un modelo de desarrollo estructurante, donde la primera fase sienta las bases para la expansión futura. Su enfoque social y económico lo convierte en un referente de planificación urbana en Andalucía, con potencial para transformar la dinámica residencial y laboral de toda la comarca del Campo de Gibraltar.

Debate local sobre Albacerrado

El proyecto dio un paso decisivo en septiembre con la aprobación de la delimitación de la actuación urbanística ATU-TA-01, correspondiente a las parcelas donde se ubicará el futuro barrio, por parte del Pleno municipal de Tarifa. La medica reclasifica terrenos no urbanizables para unas mil viviendas y cuenta con el respaldo del Gobierno local, dirigido por el alcalde José Antonio Santos Perea, del PP.

No obstante, el avance del expediente ha (re)abierto un debate sobre el proyecto en la ciudad. Desde el PSOE local, que votó en contra de la delimitación de la actuación urbanística, sostienen que «este tipo de desarrollos deberían abordarse dentro de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal» y advierten de que las redes de agua y saneamiento actuales podrían no soportar tal expansión urbanística.

Críticas similares han llegado desde la plataforma ciudadana 'Tarifa No Se Vende', que pone en duda el alcance real de la aprobación. «Se ha intentado presentar este acuerdo como si fuera la luz verde a un desarrollo urbanístico concreto, cuando lo cierto es que no hay ningún proyecto de construcción aprobado», señalan. Además, alertan de que el carácter protegido de algunas viviendas podría ser «una etiqueta engañosa» si los ingresos necesarios para acceder a ellas superan los 50.000 euros anuales.