El exalcalde 'Kichi', procesado por un presunto delito de prevaricación administrativa al contratar a un asesor

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha acordado seguir las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado contra el exalcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 «sin sujeción a la legalidad y con la finalidad de conferirle facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales».

Además, según el auto, también están en el procedimiento David Navarro (exconcejal del Área de Personal), José Vicente Barcia (exjefe de Gabinete de Alcaldía), José Ramón Páez (entonces asesor de Alcaldía) y Laura Jiménez (exconcejala Delegada del Servicio de Turismo), así como el propio asesor contratado por el que ha derivado el procedimiento a raíz de una denuncia de CCOO.

Asesor de su grupo municipal

El auto recoge en los hechos que los procesados, «actuando de común acuerdo», acordaron, en el periodo de 18 de abril del 2018 hasta el 14 de abril del 2019, que el asesor, «que no tenía la condición de funcionario público, ni personal laboral ni tampoco personal eventual, sino asesor del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede, actuara en el área de contratación del Ayuntamiento con la ficción de tratarse de personal eventual designado por el gobierno municipal».

Además, añade que «la designación como asesor municipal y la atribución de funciones fue realizada sin sujeción a la legalidad y con la finalidad de conferir facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales».

«Para tales finalidades, se le facilitó la ocupación de un despacho en dependencias municipales que era compartido con personal eventual y de plantilla del Ayuntamiento», apunta en el auto el Juzgado, que añade que «con base en la ficción creada y actuando bajo la cobertura que le daban los investigados, tenía acceso a los expedientes de contratación del Ayuntamiento de Cádiz y daba indicaciones, que eran de obligado cumplimiento, a los funcionarios de carrera del citado Ayuntamiento, los que tenían que acatar las órdenes del mismo en los expedientes de contratación en los que intervenía, ante el respaldo público del que gozaba por parte de los investigados».

Además, entre los hechos recogidos por el Juzgado se cita correos electrónicos en los que interactúa con terceros (concejales, asesores o miembros de instituciones municipales) en el que da indicaciones en relación a pliegos o incluso, en uno de los correos, le pone a una funcionaria municipal sobre un pliego de recogida de residuos: «me tomo la licencia de mandarte un correo para recordártelo otra vez» y le indica criterios de valoración.

El auto señala finalmente que «en coherencia con el informe del Ministerio Fiscal de 3 de junio del 2025», comparte que existen indicios, que se concretan en los informes policiales de examen de correos electrónicos y resto de testificales practicadas, para atribuir al exalcalde, su jefe de Gabinete, el asesor y dos concejales que acreditan indiciariamente la participación en un delito de prevaricación administrativa.

Cabe recordar que por este procedimiento el pasado 24 de junio de 2024 el exalcalde declaró en el Juzgado y aseguró que se actuó «con estricto cumplimiento de la legalidad y teniendo conocimiento de lo que se podía y no se podía hacer», afirmando además que estaban «absolutamente tranquilos porque todo lo que se hizo fue por el bien de la ciudad», así como que el asesor «no dio órdenes» a los funcionarios.