El tratado de Gibraltar ignora los rellenos y enciende las alarmas sobre 25.000 hectáreas protegidas

La organización Verdemar-Ecologistas en Acción ha denunciado este sábado que el tratado de Gibraltar supone «la desprotección efectiva» de unas 25.000 hectáreas de la Red Natura 2000, especialmente en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental. Según la entidad, el acuerdo carece de medidas ambientales específicas y facilita actividades marítimas potencialmente contaminantes dentro de un espacio protegido.

Según la entidad, aunque el tratado «no contiene un capítulo específico sobre fondeaderos, rellenos o bunkering», sí incorpora «disposiciones aduaneras que consolidan y facilitan actividades marítimas de alto impacto en un espacio protegido europeo, sin introducir salvaguardas ambientales adicionales». En particular, señalan que el texto «contempla expresamente» el suministro de combustible a buques dentro de procedimientos aduaneros especiales entre Gibraltar y la Unión Europea.

El acuerdo permite operaciones como la importación de combustible tras completar los trámites aduaneros «sin necesidad de presentación física del combustible en dicho punto», así como exportaciones a buques con destino a terceros países «tras completar los trámites aduaneros sin presentación física». También se contemplan mercancías «bajo regímenes especiales como admisión temporal o perfeccionamiento interior en Gibraltar», medidas que, según Verdemar, «consolidan y agilizan» el bunkering en el Estrecho.

La organización considera que el tratado «prioriza la fluidez comercial frente a la protección ambiental», ya que no introduce controles ecológicos reforzados en zonas sensibles. Aunque el acuerdo «no establece nuevas zonas de fondeo ni regula de forma expresa su ubicación», tampoco fija límites ambientales para los fondeaderos existentes, lo que implica que «se mantiene la presencia de grandes buques fondeados en las inmediaciones de la ZEC».

Según Verdemar, esta situación aumenta el riesgo de «vertidos accidentales» y genera una «presión acumulativa sobre hábitats marinos protegidos». Para la organización, la «ausencia de regulación específica en el tratado supone una omisión grave en un enclave estratégico y ambientalmente frágil», al no contemplar medidas preventivas en un entorno especialmente sensible desde el punto de vista ecológico.

El tratado tampoco regula los rellenos del proyecto Eastside o Marina Este. Según la entidad, parte de estas actuaciones «afectan a la ZEC del Estrecho Oriental», por lo que «se estaría ocupando un porcentaje significativo del espacio protegido». Además, advierten de alteraciones en los fondos marinos y procesos naturales, así como de «riesgos asociados al uso de materiales de relleno y posibles afecciones a la calidad del agua».

La organización sostiene que estas actuaciones «podrían vulnerar» distintas normas ambientales europeas y españolas. En este contexto, señalan que la Audiencia de Cádiz «mantiene abiertas diligencias por posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente relacionados con los rellenos y ocupación de aguas consideradas españolas», mientras continúan trasladando sus denuncias a instituciones europeas.

En conjunto, Verdemar afirma que el tratado «consolida el régimen aduanero que facilita el bunkering, no introduce límites ambientales específicos a fondeos, no regula ni condiciona los rellenos en la zona Este y no incorpora mecanismos reforzados de protección de la Red Natura 2000». Por ello, consideran que el acuerdo «ignora el principio de precaución» y anuncian que «continuará impulsando acciones legales, institucionales y europeas».