Cádiz  La investigación de patrocinios públicos a un empresario de El Puerto destapa una red de blanqueo de capitales

La Guardia Civil ha detenido a 11 personas e imputado a otra por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, entre otros, en las investigaciones sobre un conocido empresario de El Puerto de Santa María (Cádiz), por las que este miércoles los agentes requirieron expedientes de patrocinio de conciertos y eventos a la Diputación de Cádiz y a la Junta de Andalucía.

El juez del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María ha levantado el secreto de sumario de la causa, en cuyo marco la Guardia Civil ha practicado en las últimas horas distintos registros y actuaciones en las provincias de Sevilla y Cádiz, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Entre estas actuaciones, los agentes se personaron este miércoles en el Edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, que gestiona el diputado provincial y alcalde de El Puerto, Germán Beardo (PP), para requerir cinco expedientes de patrocinios de eventos.

El sumario investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Según han informado las fuentes del TSJA, en la operación han sido detenidas 11 personas, de las que tres han sido puestas directamente en libertad por la Guardia Civil. Las otras ocho pasarán mañana viernes a disposición judicial y, además, hay otra persona investigada.

Las fuentes no han precisado si entre los detenidos está el empresario portuense Pascual Llopis, dueño de varios locales de hostelería, ocio y turismo en El Puerto y promotor de algunos de los eventos de los que se ha requerido información. De hecho, el operativo comenzó en las oficinas y negocios de Llopis en El Puerto.

El alcalde de El Puerto de Santa María no consta como investigado «a día de hoy» en este procedimiento, han subrayado las fuentes del TSJA, que han precisado que la Guardia Civil no registró su despacho, sino que se personó para un requerimiento de información «tanto a la Diputación como a otras instituciones públicas», entre ellas la Consejería de Cultura y Turismo.

Contratos «fiscalizados»

El propio Germán Beardo ha indicado que «se están investigando cuentas de empresarios, de dónde han ingresado sus capitales, cómo han justificado su gasto y demás, pero no está en cuestión en ningún caso la tramitación de esos contratos».

«Todos tienen informes económico, jurídico y están fiscalizados por Intervención, ni siquiera están firmados por mí personalmente. En este caso nosotros somos área de gestión que tramitamos contratos de patrocinio, subvenciones, ayudas a empresas o a instituciones sin ánimo de lucro», ha añadido Beardo en una entrevista en Onda Cero.

En este sentido, ha señalado que «dentro de la operación lo que se ha requerido es los contratos de patrocinio que ha ejercido la Diputación con empresas de estos implicados», que según ha apuntado, se refieren al Festival Palsur, «que es un contrato de patrocinio como tantísimos otros que se generan en Diputación para eventos de ocio, deportivos, culturales a lo largo y ancho de toda la provincia». Igualmente, también hay contratos de un evento realizado denominado la Preferia de El Puerto.

Germán Beardo ha insistido en que se trata de «contratos con informes jurídicos, técnicos y fiscalizados por la Intervención, que han sido puestos a disposición de la Autoridad». «No sabemos el calado de la investigación que se está haciendo sobre estas personas, nosotros sólo aparecemos dentro del espacio de la investigación porque estas empresas relacionadas con estos empresarios han tenido contratos de patrocinio con distintas administraciones», ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que «a partir de ahí se hicieron una serie de solicitudes de información a otras empresas, incluso de la localidad de El Puerto, que no han trascendido, pero que está todo dentro del procedimiento lógico de investigación de unos hechos que tienen el núcleo central en una supuesta operación de blanqueo de dinero y que nada tiene que ver las administraciones».

«No están en cuestión los contratos. Se nos ha pedido una información por una investigación acerca de otro asunto que en nada tiene que ver las administraciones que a las que han solicitado información en un proceso lógico de investigación de la Guardia Civil», ha insistido Beardo, que ha incidido que «los contratos, igual que cualquier actuación que tiene que ver con la Administración pública, están totalmente reglados, procedimentados y son absolutamente legales».