Cádiz  Las claves del caso que lleva a Kichi ante el juez: su asesor accedía a información reservada a funcionarios

Durante un año, entre abril de 2018 y abril de 2019, un asesor externo que fichó el entonces alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, tuvo despacho en el Ayuntamiento, participó en reuniones y se relacionó directamente con funcionarios. Se llama Fernando García Acuña, y su actuación se encuentra en el centro del conocido como caso del 'asesor fantasma', por el que la Fiscalía Anticorrupción acusa a Kichi de delitos de prevaricación y revelación de secretos.

La historia se remonta al año 2018. Tras tres años de mandato, el Gobierno local de Kichi ya tenía cubierto el cupo de cargos de confianza. Entonces, según el escrito de acusación de Anticorrupción, los investigados «urdieron un plan» para contratar a García Acuña como asesor del grupo municipal de 'Por Cádiz Sí Se Puede', marca de Podemos. El problema reside en que sus funciones iban mucho más allá del asesoramiento y estaban reservadas a personal del Ayuntamiento.

García Acuña desempeñó esas funciones, exactamente, entre el 16 de abril de 2018 y el 14 de abril de 2019. Durante ese periodo, siempre según la Fiscalía, accedió de forma continuada a información de carácter reservado, relacionada principalmente con el área de contratación, a pesar de que no era funcionario público, personal laboral ni personal eventual del Consistorio. Ese acceso se habría producido por «orden e indicación directa» de Kichi y de otros miembros de su equipo de gobierno.

Entre la documentación a la que tuvo acceso figuraban licitaciones, contratos y convenios que todavía se encontraban en fase de preparación por parte de los funcionarios competentes. Pero, según Anticorrupción, su papel no se limitó a consultar expedientes, sino que también habría dado instrucciones al personal municipal e intervenido en distintos asuntos de gestión. Todo ello, añade la acusación, mientras en el Ayuntamiento se proyectaba la imagen de que García Acuña formaba parte del equipo de gobierno como personal eventual.

La Fiscalía considera que aquella situación no fue fruto de una confusión puntual, sino de una dinámica asentada dentro del Ayuntamiento. García Acuña tenía un despacho compartido con funcionarios y personal eventual, acudía a reuniones y aparecía como un integrante más del equipo de gobierno. Así, según el escrito de acusación, entre los empleados municipales se generó la impresión de que era personal eventual, una «ficción» que habría facilitado su acceso a información y su intervención en asuntos administrativos.

Los correos electrónicos forman otra pieza relevante de la acusación. García Acuña intercambió comunicaciones con funcionarios y responsables políticos sobre asuntos municipales y, según la Fiscalía, llegó a impartir indicaciones «como experto en licitaciones públicas». Su actividad, sostiene el Ministerio Público, no quedó limitada a la contratación, sino que también abarcó otras áreas e incluso llegó a actuar como «interlocutor» del Ayuntamiento ante terceros.

Aquella posición le permitió entrar directamente en el trabajo de funcionarios que sí tenían atribuidas legalmente determinadas competencias. Para Anticorrupción, García Acuña no se limitaba a conocer los expedientes, sino que impartía instrucciones sobre cómo debían desarrollarse determinadas tareas. Incluso «llegó a tener poder sobre decisiones y resoluciones» e interfirió directamente en el trabajo de empleados públicos, según la acusación.

El caso comenzó a tomar forma a raíz de la denuncia presentada en 2021 por la sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Cádiz. El sindicato puso en conocimiento de la Fiscalía que aquel asesor sin nombramiento había estado «tratando de forma directa asuntos de gestión administrativa con los funcionarios del Consistorio gaditano». El PP también se personó en la causa posteriormente, al considerar que existían indicios de delito y posibles perjuicios para las arcas municipales.

La investigación ha terminado con Kichi y varios de sus colaboradores camino del banquillo. Anticorrupción acusa al exalcalde de prevaricación y revelación de secretos, delitos que también atribuye a los entonces concejales David Navarro y Laura Jiménez. La Fiscalía pide para los tres una multa de 10.800 euros, a razón de dos euros al día, y 18 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo electo.

La acusación alcanza además a quienes ocupaban posiciones de máxima confianza alrededor del alcalde. José Vicente Barcia, jefe de gabinete y considerado la mano derecha de Kichi, y José Ramón Páez, otro de los asesores del grupo, figuran también entre los acusados. En el caso de García Acuña, la Fiscalía solicita una condena por prevaricación como cooperador necesario, al considerar que su actuación resultó imprescindible para el funcionamiento del mecanismo investigado.

Kichi se defiende

José María González, Kichi, ha roto este martes su silencio para defenderse de la acusación realizada por la Fiscalía Anticorrupción en relación el caso de su asesor. Alejado de la política institucional como profesor de instituto, lo ha hecho a través de la red social 'X', lo que antes era Twitter. «No era un asesor fantasma. Era un asesor que asesoraba», ha escrito para encabezar un comunicado adjunto.

«Otra vez ruido. Otra vez noticias de juzgados. Otra vez titulares rimbombantes para que opaque y oculte el trasfondo y la verdad. Otra vez la persecución de siempre. Y otra vez damos la cara y aclaramos porque no tenemos nada que ocultar ni que esconder. Aquí nadie ha metido la mano en la caja, nadie ha mangado y nadie ha cometido una inmoralidad. Aquí nadie tiene que agachar la cabeza», dice Kichi, que ni mucho menos ha sido acusado ni procesado por un delito económico, como ha insinuado.

«Ante una ley de contratos nueva, contratamos desde el partido a un asesor para que ayudara y explicara exclusivamente a los concejales cómo incluir cláusulas sociales y hacer del Ayuntamiento de Cádiz una administración más humana. ¿La respuesta del PP, con CCOO como cómplice incomprensible de la derecha? Denunciarnos», señala el exregidor gaditano, quien niega que el asesor en cuestión influyera en «decisiones técnicas».

El anticapitalista, que siempre ha enmarcado este caso en un supuesto «lawfare a la gaditana», se siente perseguido a nivel judicial. «Esta es la denuncia número 19 que me ponen. Y será la número 19 que archiven. Me denuncian por intentar hacer las cosas bien, por poner cláusulas sociales para evitar que los «cortijeros» de siempre se lo lleven todo y por mejorar la vida de la gente. Mientras tanto, a los que roban a manos llenas (legal o ilegalmente), a los de los sueldos desorbitados, las dietas sin justificar, el dinero público derrochado en mariscadas, las comisiones y los áticos de lujo... a esos, ni tocarlos», concluye en su comunicado.

José Ignacio García, el portavoz de Adelante –partido creado por Teresa Rodríguez, pareja de Kichi, tras su salida de Podemos–, ha trasladado este mismo martes un mensaje de apoyo al exalcalde de Cádiz ante los medios. «Ni Kichi ni nadie de su equipo se ha llevado un solo euro. Esto es un ejemplo más de esa guerra judicial contra todo el que no sea afín a los poderes económicos», ha asegurado García, sumándose al argumento del lawfare.