Cádiz  Los chiringuitos-discoteca de Puerto Sherry se precipitan hacia el derribo por su «rebeldía» contra la ley

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha iniciado los trámites para derribar los cuatro chiringuitos-discoteca de Puerto Sherry después de que sus propietarios no retiraran las instalaciones conforme a la orden municipal de cierre dictada en julio. La demolición está valorada en 360.000 euros, una cantidad que el Consistorio prevé reclamar a las empresas responsables de los establecimientos.

Según ha informado Canal Sur, citando a Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento emitió el pasado 9 de octubre tres nuevos decretos para poner en marcha la ejecución subsidiaria de los derribos. La medida afecta a los locales Margarita, Phiphi, Blue y Playa Canalla, cuyos titulares dejaron pasar el plazo de diez días concedido por el Consistorio para desmontar voluntariamente las instalaciones.

Los expedientes municipales recogen las inspecciones realizadas por los servicios técnicos y la valoración económica de los trabajos necesarios para retirar las construcciones. Ecologistas en Acción ha defendido que el importe de la actuación no debe recaer sobre las arcas públicas y ha advertido de que los gastos «serán exigidos a las empresas causantes de esta decisión por su rebeldía a acatar la ley».

No obstante, el derribo no se ejecutará de forma inmediata. La apertura del procedimiento contempla un periodo reglamentario durante el cual los afectados pueden presentar recursos. Una vez superado ese trámite, el Ayuntamiento podrá avanzar con la retirada definitiva de los establecimientos. La ejecución subsidiaria permite a la Administración realizar una actuación que corresponde a los obligados cuando estos no cumplen el requerimiento.

Esto se produce después de que los cuatro establecimientos tuvieran que cerrar al no prosperar las medidas cautelares solicitadas por sus propietarios para continuar con la actividad durante el verano, hasta el 13 de septiembre. La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 3 de Cádiz rechazó la petición al considerar que no había motivos para prolongar unas autorizaciones que ya tenían fecha de vencimiento.

En su resolución, la magistrada Miriam Solano Martín recordó que los permisos para ejercer como bar-quiosco expiraban el 5 de julio de 2026, una fecha que los titulares conocían desde marzo. También señaló que las medidas cautelares no podían utilizarse para obtener una prórroga que debía conceder la Administración competente. A ello se sumaba la decisión de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz de no renovar las autorizaciones sobre los terrenos.

Quejas vecinales

El conflicto también tiene un trasfondo vecinal y medioambiental. Durante años, Ecologistas en Acción y residentes de la zona han denunciado las molestias asociadas a estos locales, especialmente los fines de semana de verano. Aunque estaban autorizados como quioscos-bar desmontables, desarrollaban actividades propias de discotecas sin los permisos correspondientes, con quejas por música elevada, aglomeraciones, botellones, suciedad y problemas de convivencia.

La organización ecologista sostiene que los responsables venían «incumpliendo sistemáticamente con la obligación de desmontar cada año las instalaciones», situadas en un suelo destinado a viario. Según el colectivo, esa obligación figuraba en los decretos municipales y las autoridades conocían los incumplimientos. Ecologistas en Acción considera que el procedimiento de demolición empieza a corregir una «lamentable y caótica gestión municipal» que, a su juicio, ha perjudicado el descanso vecinal, el medioambiente y el cumplimiento de la legalidad.

Con los nuevos decretos, el caso entra en una nueva fase administrativa. Los locales han agotado sus autorizaciones, no lograron mantener la actividad por la vía judicial y tampoco cumplieron el requerimiento de desmontaje voluntario. El siguiente paso dependerá de la evolución del procedimiento y de los posibles recursos. Si el proceso continúa, el Ayuntamiento podrá ejecutar la retirada y reclamar posteriormente a las empresas el coste de los trabajos.