Un juez de Cádiz lleva la lucha contra el narco a otro nivel con la imputación de 5 'petaqueros' por piratería

Un juez de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a petición de la Fiscalía Antidroga de Jerez de la Frontera, ha imputado por primera vez en España un delito de piratería marítima en aguas territoriales a cinco petaqueros que fueron detenidos la semana pasada tras embestir con su planeadora a una patrullera de la Guardia Civil y herir a cuatro agentes cerca de la desembocadura del río Guadalquivir.

En un auto fechado el pasado 24 de octubre, consultado por El Debate, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar de Barrameda fundamenta la imputación en la violencia empleada durante la huida y en los daños ocasionados a la embarcación policial, que presenta un agujero en el casco de 63 por 32 centímetros.

La operación comenzó a las 13:25 horas del pasado jueves, 22 de octubre, cuando la embarcación de la Guardia Civil 'Río Guadalmedina' detectó el trasvase de garrafas de gasolina entre dos narcolanchas en alta mar, frente a las costas de Huelva. Al percatarse de la presencia policial, una de las planeadoras emprendió la huida a gran velocidad.

Durante la persecución, la goma embistió a la patrullera y le causó daños estructurales visibles. Aun así, los agentes mantuvieron el seguimiento durante una hora y 40 minutos, hasta que lograron interceptar la petaquera y arrestar a sus cinco ocupantes en aguas del Guadalquivir, cerca de su desembocadura, en Sanlúcar de Barrameda. Los guardias civiles sufrieron heridas leves debido a la embestida.

El juez de Sanlúcar sostiene que los hechos presentan elementos que justifican la imputación por piratería marítima. En el auto, atribuye las lesiones y los desperfectos a «las maniobras violentas y de peligrosidad realizadas por la embarcación perseguida, con bruscos virajes y embestidas con su proa en el costado de estribor [...], ocasionando graves daños a la patrullera y lesiones de diversa consideración a los cuatro agentes» que iban a bordo, «incluso con posible rotura de la décima costilla» a uno de ellos.

La imputación no se limita al piloto de la embarcación, José Naim B., sino que alcanza a los otros cuatro tripulantes. El magistrado se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo sobre la «comunicabilidad» de la responsabilidad penal entre coautores cuando uno de ellos se excede del plan delictivo inicial. Según la resolución, actuaron «en el contexto de una huida conjunta [...] siendo responsable, al menos, el conductor por dolo directo, y cuando menos, el resto, por dolo eventual».

El juez también cita una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de abril que condenó por piratería marítima asociada al narcotráfico a unos delincuentes que actuaron en aguas internacionales, en un caso relacionado con la muerte de un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera. La diferencia es que la causa actual se refiere a hechos ocurridos en aguas territoriales españolas, lo que convierte la decisión en un hito judicial en la persecución de estas conductas.

En España, el delito de piratería marítima está regulado en el artículo 616 ter del Código Penal. La conducta típica se basa en apoderarse, dañar o destruir una aeronave, buque, embarcación o plataforma marítima, o atentar contra las personas, la carga o los bienes que se encuentren a bordo, mediante violencia, intimidación o engaño, y se castiga con pena de prisión de 10 a 15 años.

Dos de los investigados son de origen albanés y colombiano, y los otros tres son españoles. Dos de ellos residen en Algeciras, y el otro, en La Línea de la Concepción, en el Campo de Gibraltar, punto caliente del narcotráfico en España, al igual que el escenario de este caso, el río Guadalquivir, convertido en toda una autopista de la droga y en una gasolinera de narcolanchas desde hace ya tiempo.