Málaga, tercera provincia de España con más delitos sexuales cometidos por menores y primera en Andalucía

Málaga se ha erigido como la provincia andaluza con más menores condenados por delitos contra la libertad sexual, un dato sin duda muy preocupante. Con 31 sentencias firmes contra adolescentes en 2024, la provincia no solo encabeza este trágico ranking autonómico, sino que se sitúa como la tercera a nivel nacional, solo por detrás de Barcelona y Alicante. Los datos del Ministerio de Justicia pintan un panorama nada halagüeño.

La evolución en el tiempo agrava la percepción del problema. En el conjunto de Andalucía, Málaga acaparó el 31,3 % de las 99 condenas dictadas. Lo más alarmante es la velocidad del crecimiento: en apenas doce meses, la cifra se duplicó con creces, pasando de los 13 casos de 2023 a los 31 del año pasado. Una progresión que ha encendido todas las alarmas.

La pornografía preocupa a los fiscales

¿Qué está pasando para que estos números se disparen de forma tan abrupta? La Fiscalía General del Estado lo tiene claro. En su Memoria de 2025, el organismo señala al «acceso temprano a contenidos pornográficos inadecuados» como la causa principal. Con una advertencia grave: estas páginas «en la práctica cumplen una función pseudo-educativa» para los jóvenes.

Las estadísticas de consumo confirman esta influencia. Un 54,1 % de los adolescentes reconoce que la pornografía les da ideas para sus propias experiencias, y al 54,9 % le gustaría poner en práctica lo que ve. «El 47,4 % de adolescentes que ven pornografía más a menudo ha llevado alguna escena a la práctica», subraya el informe fiscal. Este acceso sin filtros, unido a la falta de educación sexual, distorsiona su percepción de las relaciones.

La comparación con el resto de Andalucía refleja la magnitud del desafío malagueño. Cádiz, que fue la provincia con más casos en 2023, registró 24 condenas en 2024. Muy por detrás quedaron Córdoba (5), Jaén (6) y Huelva, que solo contabilizó un único caso. La brecha dentro de la propia comunidad autónoma es enorme y llama poderosamente la atención.

Frente a esta realidad, las instituciones insisten en la urgencia de actuar. Los juzgados malagueños adoptaron 71 medidas el año pasado por estos delitos. Pediatras y psicólogos están de acuerdo en la necesidad de proporcionar a los adolescentes una educación sólida que contrarreste los mensajes distorsionados. El objetivo es claro: frenar esta tendencia antes de que se consolide.