Más narcos y 400 guardias civiles menos en Málaga para hacerles frente: «El Gobierno no hace nada»

La impotencia se palpaba en el puerto de la Caleta de Vélez hace unas semanas. Allí, los tripulantes de varias narcolanchas, refugiadas del temporal, saludaban con total desparpajo a los agentes de la Guardia Civil que los grababan desde tierra. «No entendemos que el Gobierno siga sin atender al avance del narcotráfico», denunciaba entonces Pablo Rosa, coordinador en Andalucía de Jucil. Los narcos, lejos de esconderse, se mofaban. Y al final, no pudieron ser detenidos.

Este tipo de escenas no son aisladas. Son el síntoma de un problema de fondo que las asociaciones profesionales llevan años señalando. Y es que la falta de agentes en la provincia no es un simple dato estadístico; se traduce en manos atadas para frenar a unas organizaciones que cada vez son más audaces y están mejor armadas. Lo cierto es que la sensación de impunidad cala hondo.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva tiempo alertando de que Málaga acumula más de 400 vacantes sin cubrir, una cifra que se arrastra desde hace al menos cinco años. Así lo han trasladado a los representantes políticos que se han interesado por la situación. Hace unos días, una delegación de Vox, encabezada por la diputada Patricia Rueda, se reunía con el sindicato para conocer de primera mano las carencias del cuerpo.

«Desde la AUGC nos han trasladado que el principal problema es la falta de guardias civiles en todos lados», explicó Rueda tras el encuentro. La diputada incidió en que la población malagueña ha crecido de forma exponencial, pero la plantilla no lo ha hecho al mismo ritmo. «Es imperativo que Málaga reciba más efectivos para hacer frente al aumento del narcotráfico y de la inseguridad en general», argumentó.

Pero no solo faltan personas. Los medios materiales también hacen aguas. Según trasladó AUGC al Gobierno, las embarcaciones con las que cuentan para perseguir a las narcolanchas «están totalmente obsoletas». «Málaga solo tiene dos embarcaciones cuando al menos debería tener cuatro», señala Rueda, añadiendo un dato revelador: tampoco disponen de visores térmicos.

Esto implica que, cuando las lanchas se adentran en la noche o se protegen de los temporales en algún puerto, resulta casi misión imposible detectarlas. «Así es muy complicado que nuestros agentes puedan actuar», lamentó la diputada, reflejando la frustración de quienes patrullan la costa con una mano atada a la espalda.

Armas de guerra y un nuevo escenario

Mientras las fuerzas de seguridad lidian con estas carencias, los clanes se modernizan. En las últimas semanas, la provincia ha sido escenario de operaciones que revelan una peligrosa escalada. La Policía Nacional desarticuló en Marbella un «narcozulo» donde se escondía una tonelada de cocaína, custodiada por individuos armados con fusiles AK-47 que no dudaron en disparar contra los agentes.

En los últimos seis meses, solo en la Costa del Sol se han requisado más de 50 armas largas y se han registrado tres incidentes graves con disparos. Las fuerzas de seguridad temen que muchas de estas armas procedan de conflictos como el de Ucrania. «Cada vez es más habitual enfrentarnos a delincuentes que disparan armas de guerra», alertaban fuentes policiales tras el último golpe.

El problema de plantilla se agudiza en puntos calientes como Manilva. El portavoz de Vox en la localidad, Antonio Marín, calificó la situación de «dramática». El municipio está catalogado como Puesto Principal, una categoría que requiere entre 30 y 40 agentes. Sin embargo, apenas cuentan con 26 efectivos.

Esto provoca que la atención al ciudadano solo pueda ofrecerse por las mañanas, cuando un puesto de esa categoría debería cubrir también las tardes. «Que Manilva sea Puesto Principal es solo por publicidad», denunció Marín, sentenciando que el narcotráfico «se ha adueñado del municipio y de la Costa del Sol Occidental».

El «petaqueo» está muy activo

Además de los medios humanos y técnicos, desde Vox insisten en una reforma legal que consideran urgente: tipificar el «petaqueo» como delito en el Código Penal. Actualmente, quienes suministran combustible a las narcolanchas en las playas obtienen unos 2.000 euros por porte sin que su actividad esté considerada delito, lo que dificulta enormemente su persecución.

«Ganan 2.000 euros por porte sin ser un delito. Así es imposible combatir el narcotráfico», sostiene Patricia Rueda, recordando que su partido ya registró una proposición de ley en el Congreso para cerrar esa grieta legal. Hasta que eso no cambie, y mientras sigan faltando 400 guardias, la provincia seguirá siendo un territorio demasiado abierto para quienes operan al margen de la ley.