«Crisis» en los centros de menores andaluces: agreden a un educador de un reformatorio de Sevilla

Un educador social de 63 años ha sufrido varias fracturas como consecuencia de una agresión por parte de un joven en el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de 'La Jara', en Alcalá de Guadaíra. El ataque, ocurrido durante el turno de noche, ha derivado en la baja laboral del profesional y ha reabierto el debate sobre las condiciones de trabajo en los reformatorios andaluces.

Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC. OO.) de Andalucía afirman que este incidente no es un caso aislado, sino un reflejo de una «crisis generalizada» que afecta a los reformatorios de Andalucía. El sindicato denuncia un empeoramiento de las condiciones laborales, un aumento de las agresiones, además de una «inestabilidad» en los contratos de los profesionales que trabajan en estas instituciones.

La violencia en los centros de menores es un problema que trasciende Andalucía. El sindicato recuerda casos recientes de gran gravedad a nivel nacional, como el fallecimiento de una educadora en Badajoz o el apuñalamiento de otra en Bilbao, y advierte de que la situación en Andalucía es «igualmente crítica», con incidentes recientes que incluyen agresiones físicas, destrozos en habitaciones y amenazas verbales constantes.

Tanto en Sevilla como en Almería se han registrado agresiones físicas a educadores. Una de ellas provocó que un trabajador necesitara puntos de sutura en un ojo. En Córdoba, Sevilla y Jaén se han producido destrozos e incluso inundaciones intencionadas en las instalaciones, mientras que en Granada y Córdoba los profesionales alertan de que los nuevos perfiles de menores requieren más personal y protocolos especializados para garantizar la seguridad.

El sindicato atribuye esta situación «insostenible» a tres factores: «una financiación insuficiente que prioriza el criterio económico sobre la calidad asistencial y educativa; una falta de supervisión efectiva por parte de la Junta de Andalucía para garantizar condiciones dignas y seguras, y el estigma social que rodea a estos centros, reduciendo el interés político por mejorarlos».