El caso Marta del Castillo, 17 años después: un crimen sin resolver y con nuevas incógnitas judiciales

Este sábado, 24 de enero, se cumplen 17 años del asesinato de Marta del Castillo. Son los mismos que tenía en la noche del crimen, por el que fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel. Han pasado casi dos décadas y todavía no ha aparecido el cuerpo de la joven, una circunstancia que no permite descansar a su familia y que también continúa marcando la evolución judicial del caso.

El aniversario llega este año sin el tradicional acto conmemorativo que en otras ocasiones se ha celebrado en la capital andaluza. La decisión de no convocar ningún homenaje público ha sido adoptada directamente por los familiares, que atraviesan un momento de profundo desgaste emocional tras casi dos décadas de incertidumbre.

Por ejemplo, el pasado año, el abuelo de la joven, José Antonio Casanueva, convocaba en los aledaños de los juzgados del Prado de San Sebastián una concentración y una ofrenda floral en recuerdo de su nieto. «Era mi primera nieta. Era maravillosa y ha sido una pérdida enorme», manifestó en 2024 en otro acto similar, subrayando que la familia estaba «como el primer día» porque el cuerpo aún no había aparecido.

Los últimos acontecimientos relacionados con el caso apuntan, por un lado, al traslado de Miguel Carcaño a la prisión de Málaga-II, ubicada en la localidad malagueña de Archidona. Este traslado se produjo el pasado mes de septiembre, cuando el condenado fue movido desde la cárcel de Herrera de La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, tras la intervención de una serie de objetos prohibidos en su celda. El cambio de centro penitenciario fue entonces calificado por el abuelo de Marta como un movimiento «raro».

El propio Casanueva llegó a cuestionar abiertamente la actuación judicial tras este traslado, afirmando que la Justicia «no entiende nuestro dolor». En sus declaraciones fue aún más contundente al señalar que «hay una mano negra que está manipulado todo esto», motivo por el cual remarcó que «no cree en ella [en la Justicia]».

A pesar de todo, el abuelo de la joven insistía en que la familia «no ha perdido la esperanza de que, en algún momento, alguno de estos implicados nos diga dónde se encuentra el cuerpo de mi nieta». «A ver si se le remuerde un poquito la conciencia y nos dice dónde se halla», añadía.

Por otro lado, próximamente, el martes que viene, 27 de enero, está citado en calidad de investigado la persona que realizó el informe pericial del teléfono móvil de Miguel Carcaño, Manuel Huerta, responsable de la empresa Lazarus Technology. El requerimiento tiene como objetivo aclarar su titulación académica, después de que la Audiencia de Sevilla revocara el archivo de la causa abierta en su contra.

Huerta deberá comparecer mediante videoconferencia y aportar «el título académico oficial habilitante para el ejercicio de la pericia informática y poder firmar peritaciones como perito informático, ya sea de parte o a instancias de juzgado». La Audiencia Provincial ordenó además la práctica de nuevas diligencias para determinar si el informe fue encargado judicialmente y si entre sus autores figuraba algún titulado en Ingeniería Informática, antes de decidir si procedía mantener el sobreseimiento o continuar la investigación.

Esta decisión judicial respondía al recurso de apelación presentado por el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, quien sostenía que Manuel Huerta actuó como perito informático sin contar con la titulación requerida y que, además, difundió material sensible del caso en medios de comunicación.

El papel del Cuco

La situación del Cuco, el menor –en ese momento– que fue cómplice de Carcaño–, también sigue levantando ampollas 17 años después del crimen. Fue condenado por un juzgado de Menores a tres años de reclusión en un centro por encubrir el asesinato. Además, en 2022, él y su madre fueron condenados a dos años de cárcel por falso testimonio, aunque esta sentencia fue revocada por la Audiencia de Sevilla y posteriormente recurrida por la familia ante el Tribunal Supremo.

Finalmente, Casanueva ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de ampliar la clonación de teléfonos móviles a otras personas relacionadas con el caso, al considerar que es una medida «fundamental para saber dónde está el cuerpo».

El juez instructor, Álvaro Martín, precisó en 2021 que esta diligencia solo podía aplicarse a Carcaño. Aun así, el abuelo de Marta insiste: «Se podrían clonar los teléfonos. Lo único que queremos es que aparezca el cuerpo y poder descansar», reclamando «justicia al Supremo», pero no al Tribunal Supremo, sino a Dios.