El ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno guarda silencio sobre la trama urbanística en Sevilla

El ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía Rafael Pineda, uno de los cinco detenidos por la trama urbanística de Emvisesa, ha pasado este miércoles a disposición judicial y ha quedado en libertad con cargos, sin medidas cautelares, tras acogerse a su derecho a no declarar ante la juez.

Su abogado, Alberto Castejón, ha afirmado ante los medios que «lo único que nos sorprende muchísimo es que se haya procedido a la detención habiendo estado personado desde hace más de seis meses en unas diligencias previas en las cuales la Unidad Central Operativa no ha aportado en el día de hoy absolutamente nada nuevo que no conociésemos hace ya más de cinco meses».

El letrado ha asegurado que, de todas maneras, estudiarán «muy bien lo último que han aportado, que no es novedoso ni sorprendente, simplemente es redundando en la investigación inicial que habían hecho» y que, posteriormente, analizarán toda esa documentación y «procederemos a la declaración de nuestro clientes en el sede judicial».

El núcleo de la investigación se centra en la compraventa de esa parcela, un solar de unos 10.000 metros cuadrados en el polígono de El Higuerón, por parte de la sociedad Higuerón Real Estate, administrada por Olga Pérez, mujer de Pineda. La empresa resultó adjudicataria del terreno en septiembre de 2024 por 1.777.796,84 euros, tras una subasta pública en la que solo ella presentó oferta y que sucedía a una primera que quedó desierta.

Se da la circunstancia de que, pocos meses después, en enero de 2025, la empresa de la esposa de Rafael Pineda vendió la parcela a Eryel Invest, integrada en el grupo Burger King Spain, por 3.956.284,97 euros. El informe remitido por la UCO a la juez instructora del llamado caso Pineda recoge que esa diferencia generó unos beneficios superiores a los dos millones de euros.

Según la documentación analizada, parte de esas ganancias se repartieron entre el matrimonio y otros participantes en la operación, incluidos antiguos socios de la sociedad adjudicataria, personas que contribuyeron a la financiación inicial y una empresa vinculada a un trabajador de Emvisesa.

De hecho, entre los movimientos señalados figura un pago de 78.650 euros a una sociedad propiedad de un funcionario municipal, jefe de la Sección de Terciarios de Emvisesa. Los investigadores señalan que se trata de una transferencia realizada desde la cuenta de Higuerón Real Estate «sin motivo aparente» y procedente de los beneficios obtenidos tras la reventa del terreno.

Todo ello ha alimentado las sospechas de los investigadores sobre una posible operación fraudulenta. La UCO señala que ese esquema podría encajar con prácticas ilegales como tráfico de influencias, corrupción en los negocios e incluso posibles tramas encabezadas por quienes tenían acceso privilegiado al procedimiento de adjudicación.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza número 10, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado también la puesta en libertad provisional de las otras cuatro personas detenidas en relación con las presuntas irregularidades detectadas en esta operación urbanística.

Como medidas cautelares civiles, de cara a asegurar las posibles responsabilidades civiles a las que tuvieran que hacer frente en un futuro, la jueza ha acordado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición de disponer de los bienes inmuebles y bienes muebles tanto de los cinco investigados como de las sociedades de las que son administradores, así como el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias tanto de las personas físicas investigadas como de las personas jurídicas, según fuentes de la Oficina de Comunicación del TSJA.

Emvisesa, «principal perjudicada»

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha asegurado este miércoles que la empresa municipal de vivienda es la «principal perjudicada» de la investigación de la parcela de Pino Montano.

En una comparecencia ante los medios, De la Rosa ha asegurado que «han colaborado con la justicia y han tomado medidas contundentes desde el minuto uno que se tuvo conocimiento de la investigación en septiembre de 2025».

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de vivienda, se personó en este caso el pasado 20 de octubre, una vez que se levantó el secreto de las actuaciones. Además, abría el pasado mes de noviembre una investigación interna y suspendía de empleo al trabajador de Emvisesa que recibió el pago de más de 78.000 euros, tras tener acceso al informe de la UCO al respecto.