Sevilla  El fondo americano exige 1.500 € al mes a cada concejal de Burguillos para saldar la deuda heredada del PSOE

Continúa la campaña de acoso de KSAC Europe Investments contra el Ayuntamiento de Burguillos. Tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de anular las multas de diez euros al día impuestas a los concejales del Gobierno local, el fondo estadounidense ha vuelto a la carga y exige sanciones de 50 euros diarios si el Consistorio no pide un préstamo de 28 millones de euros para satisfacer la deuda.

El origen del conflicto se encuentra en la deuda que pesa sobre el Ayuntamiento como consecuencia de la quiebra de la extinta sociedad municipal Burguillos Natural durante la etapa del PSOE en el Gobierno local. Una sentencia dictada en 2017 condenó al Consistorio a realizar aportaciones al capital social de la empresa por más de 13,58 millones de euros. Con el paso del tiempo y la acumulación de intereses legales, la cantidad reclamada supera hoy los 27 millones de euros.

KSAC adquirió la deuda en subasta por unos siete millones de euros. Posteriormente, el fondo promovió un procedimiento judicial para ejecutar el cobro, lo que ha derivó en una compleja batalla legal que mantiene enfrentadas a ambas partes.

En el marco de ese procedimiento, el juez de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Sevilla acordó imponer multas de diez euros diarios a los concejales del Gobierno municipal por una supuesta «falta de colaboración en la ejecución de la sentencia». Sin embargo, el TSJA anuló posteriormente dichas sanciones al considerar que la ejecución se dirige contra el Ayuntamiento como entidad condenada y no contra los ediles a título personal.

Además, el Alto Tribunal andaluz señaló que no constaba ningún «requerimiento judicial específico dirigido personalmente» a los concejales para que ejecutaran la sentencia. También advirtió de que no se había precisado «qué conducta de colaboración concreta se exige o incluso qué debe hacerse para cesar la multa», argumentos que llevaron a la revocación de las sanciones inicialmente impuestas.

Pese a este revés judicial, KSAC ha solicitado ahora nuevas medidas al juzgado mercantil. En concreto, reclama que se requiera expresamente al Ayuntamiento, al alcalde y a cada uno de los concejales para que colaboren activamente en la ejecución de la sentencia, con el objetivo de suscribir un préstamo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe total que asciende a 28.250.944,54 euros.

El fondo también solicita que dicho requerimiento sea individualizado para cada concejal, abriendo incluso una pieza separada por cada uno de ellos, y plantea que se impongan multas coercitivas de 50 euros diarios tanto al alcalde como a los miembros del Pleno que no acrediten haber prestado la colaboración exigida para lograr el pago íntegro de la deuda.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento no se han quedado callados. «Tras quedar anuladas las primeras multas, la respuesta del fondo y sus abogados no ha sido buscar una solución realista al problema, sino pedir sanciones todavía mayores, ahora multas de 50 euros diarios contra cada concejal, lo que supondría aproximadamente 1.500 euros mensuales, una cantidad superior incluso al sueldo que perciben muchos de los concejales afectados por dedicar su tiempo a trabajar por Burguillos», afirma el alcalde, Domingo Delgado (PP), en un comunicado.

Delgado insiste además en que el Ayuntamiento no puede asumir un préstamo superior a 28 millones de euros cuando su presupuesto anual ronda los 5,4 millones. Según el alcalde, con un periodo de amortización de solo 12 años, el pago anual alcanzaría los 2,8 millones de euros, una cifra que «supondría una subida brutal de impuestos, el colapso económico y el cierre del Ayuntamiento».

El alcalde recuerda que el propio Ayuntamiento solicitó adherirse al Fondo de Financiación de Entidades Locales para buscar una salida al problema y que, aunque se autorizó una financiación suficiente para cubrir toda la deuda, el Pleno municipal decidió finalmente formalizar únicamente un préstamo de dos millones de euros, al considerar inviable asumir el resto de la operación en las condiciones planteadas.

En este contexto, Delgado sostiene que KSAC pretende situar a los concejales ante una disyuntiva imposible. «El objetivo no es buscar una solución viable, sino intentar doblegar la voluntad de los representantes públicos mediante la amenaza de consecuencias personales. Pretenden que alcalde y concejales elijan entre arruinarse personalmente o arruinar al pueblo», asegura.

La situación se produce además sobre el trasfondo de lo que el actual equipo de gobierno califica como la «herencia envenenada» del PSOE. Durante los años de gestión socialista se produjo la quiebra de Burguillos Natural. De hecho, los exalcaldes socialistas José Juan López y Mariana Pérez, junto con otros cinco antiguos concejales, fueron condenados a inhabilitación por asuntos relacionados con el concurso de acreedores de la entidad.

Mientras continúa la batalla judicial, los actuales responsables municipales insisten en que están afrontando una campaña de «presión personal contra quienes intentan solucionar un problema que no crearon». El desenlace de las nuevas peticiones formuladas por KSAC quedará ahora en manos del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, encargado de ejecutar la sentencia.