El fondo que reclama 27 millones a Burguillos (Sevilla) pide a la Junta valorar la disolución del Ayuntamiento

KSAC Europe Investment, el fondo acreedor del Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla), ha solicitado por escrito a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía que valore su disolución si el Consistorio no ejecuta en los términos exigidos una sentencia que le obliga a pagar más de 27 millones de euros. La petición supone un nuevo frente en el conflicto que enfrenta al fondo estadounidense con el Gobierno local.

KSAC reclama que el Ayuntamiento, gobernado por Domingo Delgado (PP), concierte un préstamo de hasta 28 millones de euros para afrontar de una vez la deuda derivada de la quiebra de la extinta sociedad municipal Burguillos Natural, ocurrida durante la etapa del PSOE al frente del Gobierno municipal. La entidad sostiene que el Consistorio dispone de capacidad económica suficiente y acusa al Ejecutivo local de incumplir sus obligaciones presupuestarias.

El fondo basa su reclamación en una sentencia dictada en 2017 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, que reconoció a KSAC un crédito superior a 27 millones de euros frente al Ayuntamiento como consecuencia del concurso de acreedores de Burguillos Natural. La resolución adquirió firmeza en 2022. Según la entidad, esa obligación debe figurar en las cuentas municipales y ser atendida mediante la financiación previamente autorizada.

KSAC recuerda que Burguillos obtuvo autorización para acceder a 28.250.944,54 euros del Fondo de Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, aunque finalmente el Ayuntamiento solo solicitó dos millones. El fondo pide ahora a la Junta que requiera al Consistorio para formalizar «el correspondiente contrato de préstamo con el ICO, por importe total de los 28.250.944,54 euros» y destinar esos recursos al pago de la deuda reconocida judicialmente.

La posición del alcalde es radicalmente distinta. Domingo Delgado ha advertido de que asumir un préstamo de 28 millones supondría «cerrar» de facto el Ayuntamiento, al dejar buena parte de sus recursos comprometidos durante años. Según sus cálculos, la operación implicaría una cuota anual de 2,8 millones de euros durante 12 años.

Con un presupuesto de aproximadamente 5,4 millones de euros, los gastos financieros alcanzarían así unos 3,5 millones anuales. Al Ayuntamiento le quedarían alrededor de 1,9 millones para afrontar el resto de sus obligaciones, mientras que las nóminas de la plantilla y sus cotizaciones superan por sí solas los 3,2 millones. El alcalde defiende por ello fórmulas alternativas que permitan atender la condena sin comprometer la prestación de los servicios municipales.

Delgado sostiene además que el Ayuntamiento ya ha abonado 4,2 millones de euros de la condena y que ha presentado distintas propuestas a KSAC. La última contempla el pago del importe principal fijado en la sentencia, 13,6 millones de euros. El regidor considera que esta vía permitiría cumplir con la obligación judicial mediante un mecanismo asumible para las cuentas municipales, frente al préstamo reclamado por el fondo.

KSAC, sin embargo, acusa al Consistorio de realizar «operaciones de maquillaje contable» para evitar la ejecución directa de la sentencia y de incurrir en un «persistente y grave incumplimiento del régimen jurídico» presupuestario y de las normas de estabilidad y sostenibilidad financiera. El fondo afirma también que el Ayuntamiento habría omitido en sus proyectos presupuestarios el crédito correspondiente a la deuda que mantiene con KSAC.

En su escrito, la entidad sostiene que el Ayuntamiento cerró 2025 con «un superávit de más de dos millones de euros y un remanente de tesorería de 2,8 millones», datos que, a su juicio, demuestran que existe capacidad para afrontar las obligaciones pendientes. El fondo acusa además al Gobierno local de «incumplir sistemáticamente» las normas de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

«El Ayuntamiento está ocultando su verdadera capacidad financiera, confeccionando unos presupuestos manifiestamente infravalorados que no reflejan la realidad económica de la entidad, con el único propósito de eludir el cumplimiento de la sentencia», según KSAC, que considera que la solución pasa por reconocer presupuestariamente los 27.058.711,95 euros fijados a su favor y formalizar el préstamo necesario para abonarlos.

El fondo afirma que la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda también habría defendido esa solución en un documento de 2025. El alcalde, por su parte, ha cuestionado la actuación de ese departamento estatal y ha señalado que la autorización para acceder al Fondo de Financiación dejó finalmente el problema en manos del Ayuntamiento, sin resolver la inviabilidad que, según sostiene, tendría asumir toda la deuda de una vez.

La petición a la Junta incluye también que el Ayuntamiento reconozca en su presupuesto «el importe de la obligación de pago líquida, vencida y exigible que deriva de la sentencia» y apruebe un plan económico y financiero para afrontar las cantidades pendientes. KSAC reclama asimismo «adoptar las medidas de cumplimiento forzoso previstas» por la legislación si persiste el incumplimiento y, como medida de mayor alcance, «valorar la procedencia de iniciar el procedimiento para la disolución de los órganos del Ayuntamiento».

La solicitud llega después de otras medidas de presión impulsadas por KSAC. Entre ellas figuran las multas diarias de diez euros impuestas inicialmente a los ediles a instancias del fondo, que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Posteriormente, KSAC reclamó sanciones de 50 euros diarios para el alcalde y los concejales si el Ayuntamiento no solicitaba el préstamo.