El juez de los ERE retrasa su traslado para reabrir investigaciones contra ex altos cargos del PSOE

El juez instructor de los ERE, José Ignacio Vilaplana, continuará al frente de varias de las investigaciones de corrupción más relevantes de Andalucía durante algunos meses más, hasta enero del año que viene. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una segunda prórroga para que Vilaplana siga como magistrado de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, aplazando de nuevo su traslado a Córdoba.

La Comisión Permanente del CGPJ aprobó esta segunda ampliación ayer martes, como ha adelantado ABC y ha podido confirmar El Debate. El magistrado había obtenido una plaza en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba mediante concurso, pero su traslado queda así aplazado para que termine actuaciones relevantes que todavía permanecen abiertas y que afectan a antiguos altos cargos del PSOE de la Junta de Andalucía.

La nueva prórroga cuenta con el respaldo de las instituciones judiciales. La presidenta del Tribunal de Instancia de Sevilla y la nueva titular del Juzgado de Instrucción número 6 han emitido informes favorables a la continuidad de Vilaplana, al igual que el órgano de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Según el CGPJ, se mantienen las circunstancias que justifican el refuerzo judicial hasta comienzos de 2027.

Durante estos meses adicionales, el magistrado tendrá margen para avanzar en varias investigaciones relacionadas con el entramado de ayudas públicas que fueron concedidas irregularmente durante los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía. Entre las causas que siguen bajo su análisis figura la macrocausa de los Avales de la agencia IDEA, además de la investigación sobre el impacto económico que tuvo para las arcas públicas el cierre de Santana Motor en febrero de 2011.

La prórroga también puede resultar decisiva para la estrategia jurídica que Vilaplana estudia plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El juez pretende elevar cuestiones prejudiciales en el marco del caso Avales para determinar si los límites temporales establecidos para las investigaciones penales en España pueden favorecer situaciones de impunidad en delitos relacionados con el fraude institucional.

La consulta podría tener consecuencias en otras causas de corrupción donde ex altos cargos del PSOE en la Junta quedaron exculpados no necesariamente por la ausencia de indicios sobre posibles delitos, sino por la expiración de los plazos de instrucción. Vilaplana alberga dudas sobre un posible «riesgo sistémico de impunidad» derivado de esta situación.

Esa preocupación también aparece vinculada a la pieza política de los ERE después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulase parcialmente las condenas impuestas a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El magistrado investiga distintas ayudas irregulares que fueron repartidas con cargo a la partida de los ERE durante la etapa de gobierno del PSOE y analiza las consecuencias que puede tener la aplicación de la doctrina del TC en las actuaciones todavía pendientes.

Otro de los frentes prioritarios será la causa política de la macrocausa de Formación, que fue reabierta por la Audiencia de Sevilla después del archivo acordado por la entonces instructora María Ángeles Núñez Bolaños. El pasado 25 de marzo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó un atestado en el que constató «numerosas irregularidades» en la concesión, gestión y justificación de subvenciones públicas.

El informe policial afecta a una parte de las 18.023 subvenciones relacionadas con la Formación Profesional para el Empleo. Más de tercio de ellas corresponderían al periodo investigado, comprendido entre 2009 y 2012. Con este material sobre la mesa, Vilaplana dispone ahora de algo más de tiempo para valorar un eventual auto de procesamiento de responsables y antiguos cargos de la Junta vinculados a la gestión de estas ayudas.