Carpetazo a la causa contra los pozos de la Casa de Alba junto a Doñana: no hay delito medioambiental

El juzgado de Sevilla que investigaba hasta ocho pozos no autorizados administrativamente en la finca Aljóbar de la Casa de Alba, situada en Aznalcázar, en el entorno de Doñana, ha acordado el archivo de la causa al entender que no se ha acreditado que las extracciones de agua causaran peligro grave al medioambiente.

El auto de archivo de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Sanlúcar la Mayor supone además el cese de las medidas cautelares adaptadas, para lo que traslada al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el «desprecinto» de los pozos investigados.

El juez también traslada su resolución, contra la que cabe recurso, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por sus posibles efectos en los expedientes administrativos ya iniciados.

Entre las partes personadas en el procedimiento se encuentran la Fiscalía, que inició las actuaciones con una querella por un posible delito contra el medio ambiente; la sociedad Eurotécnica Agraria, como empresa encargada de la gestión de la finca, y Ecologistas en Acción, organización que ya ha anunciado a EFE que recurrirá la decisión de archivo.

Sin indicios suficientes de delito

En su resolución, el juez explica que, con los informes técnicos recabados durante la instrucción, no puede concluirse «ni de manera indiciaria» que las extracciones efectuadas en la finca hayan supuesto un peligro para el acuífero o su hábitat.

También recoge que «se ignora» si con esos pozos se extrajo más agua de la autorizada administrativamente, de uso para regadío de olivos y naranjos, «sin que pueda considerarse que haya podido causar un riesgo grave para el medio ambiente».

«No parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal o en la calidad de las aguas de un acuífero que se viene declarando en buen estado en todos los Planes Hidrológicos desde el año 2021», añade.

«Lo anterior impide tener por acreditado, siquiera indiciariamente, que esas extracciones no autorizadas hayan ocasionado un descenso sustancial o relevante en los niveles piezométricos de esa masa de agua idóneo para provocar una afección, ya sea directa o indirectameente, en su estado de conservación, su hábitat o entorno natural», dice el magistrado.

La Casa de Alba pidió el archivo

La sociedad Eurotécnica Agraria pidió al juzgado el archivo de la causa tras una resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que «legalizaba» ciertos pozos.

En el escrito presentado ante el juzgado, esta sociedad vinculada a la Casa de Alba le daba traslado de una resolución del organismo de cuenca que autorizaba la transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas en la finca.

En un auto anterior la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Sanlúcar la Mayor, había denegado además la petición de prórroga de la instrucción que pidió la Fiscalía al entender que la investigación estaba ya «prácticamente agotada».

En este caso llegó a declarar como investigado el nieto de la duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien señaló el 20 de febrero de 2025 que se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.