Rebelión de policías contra un proyecto que presenta una antigua comisaría de Sevilla como «centro de tortura»

La antigua comisaría de la Policía Nacional de la Gavidia, situada en el centro de Sevilla, reabrirá sus puertas en los próximos meses como un hotel de la cadena Thompson, después de permanecer abandonada desde el año 2003. Sin embargo, parte de sus dependencias albergarán un centro de interpretación de la memoria democrática, un proyecto de exposición que ha despertado el rechazo de unos 60 policías jubilados por «manchar» la imagen del Cuerpo.

Estos agentes retirados, entre los que figuran comisarios e inspectores jefes que desarrollaron buena parte de su carrera en el inmueble, han enviado una carta a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla en la que solicitan que los antiguos calabozos dejen de figurar en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática y que el Consistorio no permita un centro así en dicho lugar.

El centro de interpretación de la memoria democrática se ubicará, según lo previsto, en un espacio de 215 metros cuadrados ubicado en la planta semisótano donde se ubicaban los antiguos calabozos y deberá tener un acceso independiente al margen del uso hotelero. En este espacio se deberá garantizar una «adecuada señalización como lugar de memoria democrática y deberán conservarse todos los elementos y vestigios que sirvan de testimonio de lo ocurrido en defensa de los valores democráticos en esos antiguos calabozos».

Los calabozos fueron incorporados al inventario autonómico en junio de 2020, bajo gobierno del PP y Ciudadanos, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. El acuerdo sostiene que el edificio, sede de la Jefatura Superior de Policía desde 1964 hasta 2003, albergó en sus celdas interrogatorios y retenciones de ciudadanos «por sus ideas políticas, por sus reivindicaciones sociales o por su orientación sexual».

«Es curioso que desde la aprobación de la ley en 2017 pasan tres años hasta que el edificio de la Gavidia se cataloga como 'centro de tortura y represión franquista', pero esta iniciativa no parte de la izquierda, sino de la consejera de Cultura del PP, Patricia del Pozo, cuyo partido se abstuvo en la votación de la ley», indican los agentes.

El procedimiento, no obstante, había comenzado antes. La Junta inició el expediente el 11 de enero de 2019, pocos días antes de la investidura de Juanma Moreno como presidente andaluz. A su vez, el Ayuntamiento de Sevilla había promovido previamente la inscripción durante la etapa del socialista Juan Espadas como alcalde, solicitando que afectara únicamente a los antiguos calabozos, situados en la planta semisótano del edificio.

Defensa del servicio prestado

En cualquier caso, los policías centran buena parte de su argumentación en reivindicar la trayectoria de quienes prestaron servicio en la Gavidia durante casi cuatro décadas. Recuerdan que, desde mediados de los años 60 del siglo pasado hasta el año 2003, que se cerró, han trabajado allí «miles de policías con total dedicación a la ciudad de Sevilla, cumpliendo en todo momento con las leyes vigentes y entregando su vida varios de ellos en atentados terroristas», como el inspector Damián Seco o los agentes Juan Manuel Torres León y Juan Torrebrejano Hita, asesinados por el Grapo.

Los policías también agradecen a la Guardia Civil que los «librara de una muerte segura cuando los asesinos de ETA pretendían volar el edificio», en referencia a la detención del etarra Henri Parot, que pretendía atentar con un coche bomba contra la Jefatura.

«Sería interminable narrar los grandes servicios de la Policía al pueblo de Sevilla. Estamos seguros de que el sevillano anónimo quiere y aprecia a su Policía alejado de odios, rencores y calificaciones injustas, que sacan a relucir quienes quieren manchar el buen nombre y la trayectoria profesional de los policías que hemos trabajado en la Gavidia», añaden.

La discrepancia alcanza también a la interpretación del papel de la Policía durante el franquismo. Los jubilados sostienen que la institución «se limitaba a cumplir las leyes establecidas, algunas de las cuales estaban vigentes en la II República». Así, frente a la descripción que se hace en el acuerdo de la Junta, reclaman que cualquier responsabilidad sea determinada por los tribunales, añadiendo que «ningún policía de la Gavidia fue condenado judicialmente».

«Es muy fácil manchar a toda la Policía, a sabiendas de que sus mecanismos de defensa son nulos o escasos. Es muy fácil manipular a la opinión pública con tan escaso rigor. Por eso no se comprende cómo el PP, que se abstuvo en la votación para aprobar la Memoria Histórica en Andalucía, después firme una disposición que afecta en su honor y profesionalidad a cuantos trabajamos en la Gavidia», afirman los firmantes.

«Al Ayuntamiento y al gobierno del PP le advertimos y recordamos su postura hipócrita y errática, asumiendo en este caso la carga ideológica de la izquierda, sacando a relucir complejos absurdos para decir en público lo contrario que piensan en privado. ¿Cómo explica el PP que entre sus filas de altos cargos figuraran 'represores y torturadores' que trabajaron muchos años en la Gavidia?», se preguntan a continuación.

La carta se dirige, por tanto, a las dos administraciones. A la Junta le reclaman que derogue el acuerdo que incorporó los calabozos al inventario autonómico, y al Ayuntamiento, que no instale el centro de interpretación en las dependencias previstas. Su argumento es que la iniciativa, tal y como se plantea, «denigraría» la profesionalidad y dignidad de los agentes que prestaron servicio en la antigua comisaría, un inmueble que tendrá pronto una segunda vida como hotel.