Imagen de los preparativos de la cena, con la Catedral y la Giralda al fondo
Sevilla
Una juez de Sevilla ordena investigar la cena a los pies de la Giralda por posible delito de prevaricación
La magistrada abre diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa contra el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta
Un juzgado de Sevilla ha acordado la apertura de diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa por la celebración de la cena y entrega de premios de la revista Escaparate que tuvo lugar en la plaza Virgen de los Reyes, a los pies de la Giralda.
Según la referida denuncia, para este espacio público ubicado a los pies de la Catedral de Sevilla la normativa municipal establece una «prohibición específica» para determinados eventos.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 6 de Sevilla, la jueza ordena a la Policía que «proceda a la investigación de los hechos», que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa.
La formación política presentó la denuncia contra el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta por la financiación, organización y celebración de la referida cena y entrega de premios, un evento celebrado el 17 de septiembre y al que asistieron, entre otras autoridades, el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
La investigación, de la que también ha informado este viernes Iustitia Europa en un comunicado, tiene su origen en esa denuncia referida a las decisiones administrativas, contrataciones, autorizaciones, fondos y recursos públicos relacionados con la gala.
La actuación alcanza a administraciones de distinto signo político como el Ayuntamiento y la empresa pública Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa), bajo gobierno municipal del PP; la Junta de Andalucía, incluida la Consejería competente en Turismo, que encabeza Vox, y la Diputación de Sevilla, presidida por el PSOE.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha destacado que la resolución demuestra la utilidad de ejercer control judicial sobre cualquier administración «con independencia de sus siglas».
«Durante demasiado tiempo, la vieja política del 78 ha actuado como si el patrimonio público perteneciera a los partidos. No es suyo: es de los ciudadanos. Y quien administra dinero, bienes o recursos públicos tiene la obligación de explicar cada decisión y responder ante la justicia cuando existan indicios que deban investigarse», ha advertido.
Para Pardo, lo público «no es patrimonio de PP, PSOE, Vox ni de ningún partido: es de todos los andaluces y españoles», por lo que su partido seguirá impulsando las actuaciones legalmente procedentes para que el destino del dinero público y las decisiones de las administraciones puedan ser «sometidos al control de los tribunales».