El Ayuntamiento entregará en los próximos meses una promoción de 24 viviendas sociales que se encuentran ya en su última fase
Sevilla
La letra pequeña que permite alquilar casa por 20 euros al mes en Marinaleda: la construyen los inquilinos
En plena crisis de la vivienda, muchos miran hacia el modelo de este paraíso socialista de Sevilla, que promete un alquiler de por vida con precios simbólicos
Un municipio granadino, donde arrasó la izquierda y el PP no sacó ni un concejal, es el más pobre de España
Son días donde se habla y mucho de la vivienda en España. Con el euríbor disparado durante septiembre, los desahucios, tanto los mediáticos como los anónimos, a la orden del día, y las acampadas en las plazas, el asunto ha entrado con fuerza en la agenda política del país si es que alguna vez dejó de estarlo.
Precisamente por ello, en los últimos días ha trascendido el modelo de vivienda que aplica un pequeño pueblo de Sevilla, Marinaleda (2.600 habitantes), que se vende al exterior como una especie de paraíso socialista.
Allí, defienden sus responsables, no hay agobios con las hipotecas ni problemas con los alquileres al alza ni mucho menos, desahucios. Tal es así, que el Ayuntamiento entregará en los próximos meses una promoción de 24 viviendas sociales que se encuentran ya en su última fase y que a sus inquilinos les vendrá a costar un precio simbólico de entre 15 y 20 euros al mes. El modelo no es nuevo, sino que lleva años aplicándose, pero con la crisis de la vivienda actual, ha conseguido que muchos se interesen por él.
El alcalde, Sergio Gómez (Con Andalucía, una coalición que incluyó a IU, Podemos, Más País y Los Verdes, entre otros), ha declarado a EFE que este programa de vivienda asequible da la opción de tenerla en alquiler sin límite de tiempo, pero la casa será siempre del ayuntamiento y nunca ponerse a la venta. «Así no se especula con ella y hay siempre casas disponibles en el pueblo para quien lo necesite». Él mismo vive en una de ellas levantada por un régimen parecido a los de las cooperativas, situada en la barriada Hugo Chávez. Y es que Marinaleda loa a próceres muy particulares.
La letra pequeña
Sin embargo, este ofertón tiene, como suele pasar siempre con cualquier chollo, su letra pequeña. Y es que las personas que ocuparán estas viviendas de alquiler barato han de aportar su mano de obra. Un tiempo trabajado que se cuenta como horas que serán lo que finalmente haga bajar el precio final de la casa.
Son los propios vecinos quienes participan en los trabajos como peones para una empresa local, «nunca multinacional», que es la que se encarga de ejecutar la construcción. «Abrimos cimientos, hicimos lo que pudimos», reconoce una vecina a eldiario.es sobre su caso, ya que no tenía conocimientos de albañilería. Pero más allá de tenerse que emplear en la construcción de su propia vivienda, hay otro punto que puede llegar a despertar polémica: la casa sigue siendo propiedad municipal, no de aquellos que la han construido primero y habitado después. En el caso de esta vecina, quiere hacerse con su control para dejársela a su hijo en herencia cuando llegue el momento, algo que deberá contar con el visto bueno del Consistorio marinaleño.
A este respecto, el alcalde responde que en su municipio «la vivienda no se entiende como una mercancía, sino como un derecho de las personas» y para evitar la especulación el ayuntamiento «pone a disposición el suelo y los medios técnicos y humanos necesarios», con lo que no hay inversión privada ajena al pueblo.
Su modelo socioeconómico despierta apasionadas defensas y furibundas críticas. Sus partidarios dicen que el Ayuntamiento ha conseguido el acceso universal a la vivienda, erradicando la amenaza de la especulación inmobiliaria: así como unos servicios públicos muy baratos, desde la guardería a la piscina o un reparto equitativo del empleo que intenta garantizar que todo aquel vecino trabaje en las cooperativas agrarias con un salario uniforme de 1.400 euros al mes.
Sin embargo, la apuesta también ha dado munición a sus detractores. No son pocos los que señalan que el modelo no puede sostenerse con la producción agrícola, sino que depende de una importante inyección de fondos públicos de diversas instituciones, desde el Estado a la Diputación de Sevilla, pasando por la Junta. Además, no existe diversificación económica, lo que limita las aspiraciones de los jóvenes. El pueblo tampoco ha escapado a las acusaciones de clientelismo y un ambiente de fuerte presión social, donde se hace casi imposible alzar la voz para criticar dicho modelo.