El intento de la izquierda balear por envolver en palabras como «participación» y «democracia» lo que en realidad era un nuevo andamiaje institucional para sus asociaciones afines ha durado poco. El Parlamento balear ha rechazado este martes la toma en consideración de la proposición de ley del Fòrum de la Societat Civil, promovida por PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, y tumbada por los votos de PP y Vox, que no compraron el discurso de «fortalecer la sociedad civil» y vieron, más bien, un intento de repartirse el espacio cívico con fondos públicos. La norma nacía con el loable envoltorio de «regular las organizaciones sociales», pero escondía tres piezas muy convenientes: un censo oficial de entidades, un Consejo autonómico de participación y un Observatorio de las Transiciones encargado de monitorizar el impacto social, ambiental y económico de las asociaciones. Todo ello, con puerta directa al dinero público y la legitimidad institucional garantizada. «Amparada en palabras como sociedad civil, participación y diálogo, esta ley pretende transformar el asociacionismo en un instrumento de poder», denunció la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien acusó a la izquierda de querer «colonizar el espacio cívico» con chiringuitos y «filtrar ideológicamente» el acceso a recursos públicos. «La sociedad civil auténtica no vive del BOIB, sino de la energía de la gente», sentenció. Desde el PP, la diputada Cristina Gil advirtió de que la iniciativa llegaba «en un momento crítico de degradación institucional» y que «una democracia fuerte no necesita poner límites a la sociedad civil, sino dejarla actuar». «Lo que pretende esta ley —añadió— no es fomentar la libertad, sino controlar principios, objetivos y actividades desde el poder». Pero la izquierda defendió la proposición valiéndose de su superioridad moral. La socialista Mercedes Garrido llegó a plantear que oponerse al texto equivalía a oponerse a la democracia: «Apoyar esta proposición es apoyar la democracia. ¿Dónde estará el PP? ¿Con Vox o con la democracia?». En su relato, la ley era apenas una «completación» de la del tercer sector, necesaria para «reconocer el patrimonio construido gracias al trabajo conjunto de la administración y las entidades sociales». El ecosoberanista Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) intentó elevar el debate al plano estatutario, recordando que el Estatuto de Autonomía reconoce a las organizaciones civiles. Mientras tanto, Més per Menorca y Unidas Podemos siguieron la misma partitura, acusando a la derecha de «querer mantener la sociedad civil silenciada» y hablar de «resiliencia» y «equilibrio» en un marco legal que, curiosamente, reforzaba la dependencia de las asociaciones respecto al poder político. Con los votos de PP y Vox, el texto quedó definitivamente aparcado. Y con él, la posibilidad de que se perpetúe una red de estructuras subvencionadas muy parecida a la que floreció durante los años de la expresidenta socialista Francina Armengol -y antes con Francesc Antich-, cuando la Obra Cultural Balear (OCB) y otras entidades afines recibieron generosas partidas públicas. Y hoy aún siguen viviendo de las subvenciones. El Fòrum pretendía impulsar una ley para «reconocer, fortalecer e impulsar las organizaciones sociales de Baleares», reclamando un «compromiso más decidido» por parte de las administraciones. Reclama un reconocimiento expreso al «papel histórico» de las entidades defensoras del «medio ambiente, la lengua y los derechos sociales» por contribuir de manera decisiva a construir una sociedad más cohesionada y consciente. Entre sus diez peticiones, propone «crear instrumentos de financiación estables» que garanticen su «sostenibilidad» y agilizar la tramitación y justificación de las subvenciones. También aboga por impulsar alianzas con el sector privado y establecer incentivos fiscales que reconozcan y estimulen la colaboración entre sectores.
