«Alivio y satisfacción» en el club de regatas del Rey: la justicia da la razón al Náutico de Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha dado la razón al Real Club Náutico de Palma (RCNP) en un conflicto que trasciende el ámbito local y apunta a la interpretación de la legislación portuaria en España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido al histórico club náutico el derecho a conservar sus instalaciones y a que se le conceda la prórroga de la concesión que había solicitado a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

La decisión judicial subraya que la APB actuó fuera de la legalidad al desestimar por silencio administrativo las solicitudes de ampliación presentadas por el RCNP en 2015 y 2018. Con este fallo, la autoridad portuaria queda obligada a otorgar la prórroga en los términos acordados en 2019, incluyendo la extensión de los plazos de ocupación de sus instalaciones.

El origen del conflicto se remonta a la decisión de la Autoridad Portuaria de Baleares de poner en cuestión la concesión del Real Club Náutico de Palma y de cuestionar su derecho a continuar ocupando la marina en la bahía de Palma, más de 70 años después de su fundación. En marzo de 2021, un informe de la Abogacía del Estado concluyó que el contrato de servicios del RCNP no era prorrogable, una tesis que contrastaba con el criterio de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, que sostenía que esos contratos se transformaron automáticamente en concesiones tras la reforma de la Ley de Puertos del Estado de 2003.

Ese mismo año, la modificación de la Ley de Contratos del Estado supuso la desaparición del contrato de gestión de servicio público que tenía el club. Aunque lo lógico era que automáticamente hubiera habido un cambio de concesión, quedó en vía muerta.

Para tratar de esclarecer la situación, el club solicitó un informe al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo jurídico de España, que ratificó parcialmente la posición de la Abogacía del Estado, complicando aún más el panorama. No obstante, el informe atribuía a la Autoridad Portuaria la responsabilidad de haber llegado a este punto por su inacción.

El tribunal fundamenta su fallo en la evolución normativa de los servicios portuarios: los contratos relativos a su gestión se transformaron, desde 2003, en licencias de prestación de servicios portuarios básicos o en autorizaciones de actividad, configurando una relación directa con las concesiones demaniales. Según la sentencia, cualquier empresa que gestionaba un servicio portuario de forma indirecta —como el RCNP— accedía automáticamente tanto a la licencia como a la correspondiente concesión sobre la superficie ocupada.

Se especifica que la ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece que si la solicitud de licencia para la prestación de un servicio está ligada directamente al uso privativo de una determinada superficie del puerto, entonces el otorgamiento de esta se vincula al correspondiente título administrativo.

Además de estimar el recurso, el TSJB ha impuesto a la APB el pago de las costas judiciales, que ascienden a un máximo de 3.000 euros. La resolución no es firme, dado que puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.

Una institución

El RCNP ha celebrado el fallo como un respaldo no solo a su propia continuidad, sino al conjunto de la náutica deportiva y de recreo en España. Su presidente, Rafael Gil, calificó la decisión de «alivio y satisfacción» tras meses de «precariedad e incertidumbre» desde la caducidad de la concesión en diciembre de 2022.

Gil aseguró que el club mantendrá su compromiso con el deporte y con la ciudad, y destacó el papel del RCNP como referente internacional dentro de la náutica. «Nuestro futuro es muy prometedor y nuestros socios pueden sentirse orgullosos de pertenecer a una institución que se remonta al siglo XIX y que sigue aportando al deporte español», afirmó.