El gas de la risa ya no hace gracia en Ibiza: «Los vendedores se sienten impunes, a las 48 horas están en la calle otra vez»

En Sant Antoni de Portmany, al noroeste de Ibiza, no se ríen con el gas de la risa. Lo que empezó como una moda de turistas británicos con globos en la boca se ha convertido en un problema de seguridad, de imagen y de convivencia.

Tras un verano con un centenar de detenidos por la venta de óxido nitroso, el Ayuntamiento de este municipio anuncia multas directas a quienes lo consuman y exige una reforma estatal por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que permita castigar con más fuerza su distribución y uso recreativo. «Necesitamos un cambio normativo. No puede ser que los detengamos hoy y en 48 horas estén otra vez en la calle», resume la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu.

La escena se repite cada verano: bombonas abandonadas en playas, contenedores y hoteles; turistas que pierden el conocimiento en plena calle; y vendedores ambulantes que reaparecen al día siguiente como si nada hubiera pasado.

Sant Antoni ha empezado a utilizar terminales de pago (TPV) para cobrar las sanciones en el momento a los infractores. En teoría, la medida permite aplicar la multa al instante, pero en la práctica, el procedimiento tropieza con la imposibilidad de identificar o cobrar a los turistas.

Muchos no llevan documentación encima, otros dicen que no tienen dinero o se niegan a pagar. Por eso, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha comenzado a tramitar las sanciones con los países de origen, principalmente Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, la falta de un marco de cooperación específico —como ocurre con las multas de tráfico— convierte el cobro en una carrera de obstáculos administrativos.

El alcalde, Marcos Serra (PP), describe un problema que lleva años repitiéndose. «Llevamos años, igual que en otros muchos municipios turísticos del Mediterráneo, con el problema de la venta del óxido nitroso ya que los vendedores, mayormente senegaleses, se sienten impunes», explica. Recuerda que el producto «hasta ahora sólo se utilizaba por cocineros para la nata montada», pero su distribución ha cambiado. «Ahora ya los venden online en botellas de gran formato para el consumo humano».

El punto de fricción está en la ley. El óxido nitroso es legal en España, y sólo está prohibido venderlo para consumo humano. Una limitación que, en la práctica, obliga a los policías a pillar al vendedor «en el momento que lo ofrece a un cliente». «Llevamos varios años deteniendo un centenar de vendedores de gas de la risa cada verano, pero solo están un máximo de 48 horas en el calabozo y así es imposible terminar con el problema; y para más inri luego el fiscal de turno los suelta», se queja el alcalde.

El balance estival del Ayuntamiento refleja 149 denuncias por venta ambulante y 117 relacionadas con la salud pública, muchas vinculadas al consumo de óxido nitroso. Para mitigar la expansión del gas de la risa, Sant Antoni y las autoridades británicas han acordado trabajar en origen, lanzando campañas preventivas en Reino Unido para reducir el consumo antes de la llegada de los turistas.

La idea es lanzar campañas preventivas en Reino Unido que desincentiven el uso del gas antes de que los visitantes lleguen a la isla. «Ellos ya lo han prohibido allí, nosotros no podemos quedarnos atrás», subrayó Serra.

El Ayuntamiento ha renovado también el convenio del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), situado a pie de playa, que ha funcionado como oficina de apoyo y denuncia durante la temporada. A ello se suman los planes para duplicar el número de cámaras de seguridad y aumentar progresivamente la plantilla policial hasta los 80 agentes.

Más allá de los partes policiales, el gas de la risa está erosionando la imagen del destino. Playas, hoteles y contenedores aparecen cada mañana con bombonas abandonadas; los desmayos en zonas concurridas se repiten; y los vendedores ambulantes reaparecen a diario. «Cada verano se ven más de un centenar de vendedores de N²O con globos por todos lados y da muy mala imagen al municipio», reconoce Serra.

«Podemos sancionar, decomisar y detener», pero mientras la normativa permita distribuir el gas como si fuera un producto de hostelería, el margen de acción seguirá siendo limitado, insiste. Por eso, el alcalde reclama una reforma estatal que permita actuar con contundencia y que ponga fin a esta espiral que, verano tras verano, vuelve a repetirse en Sant Antoni. Un municipio que no quiere convertirse en símbolo del descontrol turístico, pero que, verano tras verano, se enfrenta a un gas que ya dejó de hacer gracia hace tiempo.