Los guardias civiles de Baleares exigen mejoras «urgentes» en el plus de insularidad
Los guardias civiles de Baleares denuncian la falta de claridad en la negociación del plus de insularidad
Exigen «altura de miras» en la negociación, ante una situación «crítica» en Baleares, por el alto coste de vida en las islas y la marcha constante de efectivos
La asociación profesional de la Guardia Civil en Baleares, JUCIL, ha denunciado la falta de claridad y concreción en la aplicación de las mejoras salariales que reclaman en el plus de insularidad. Exige a los sindicatos y Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, responsables de aplicar este complemento, que «tenga altura de miras» y valore el coste de vida real en las islas.
Alto coste de vida y fuga de agentes
JUCIL denuncia que la falta de un sueldo digno, acorde al alto coste de vida en el archipiélago, está provocando «una alarmante fluctuación de personal» que merma la estabilidad y la calidad del servicio seguridad en la región.
Los datos sobre la entrada y salida de agentes de la Benemérita en los últimos años retratan una situación crítica, aseguran. Aunque han llegado 1.000 efectivos, han salido otros tantos, y señalan que únicamente se han quedado 250 guardias civiles. Una cifra que tildan de engañosa, alegando que la mayoría de sus miembros estarán en condición de solicitar un nuevo destino y se acabarán marchando, como viene sucediendo año tras año, aseguran.
Baleares: «una extensión de la acdemia»
Además, remarcan que la mitad de los que han pasado por la región en estos años son agentes alumnos en prácticas, que sirven para cubrir el saldo negativo cada año en el movimiento de guardias con el empleo consolidado.
Por ello, la asociación que cuenta con más de 15.000 miembros defiende que esta situación ha convertido a Baleares en «una extensión de la academia», donde los agentes pasan el tiempo imprescindible para completar su formación y se marchan bien preparados a otros territorios. «Formamos talento sin crear las condiciones adecuadas para retenerlo», afirma Tomás Quesada, secretario provincial de JUCIL en Baleares.
Falta de claridad en las mejoras
La asociación es además crítica y contundente con la reciente falta de claridad en la aplicación de las mejoras salariales. Cuando recientemente se firmó el acuerdo de la Función Pública con una subida general, se recogía un acuerdo para la insularidad de Baleares que incluía unas cifras fijas y trienios en las tablas presentadas.
Sin embargo, en escritos posteriores, el contenido de esas tablas ha variado, eliminando las cantidades fijas y los trienios previamente aprobados, quedando finalmente emplazados tanto las cantidades definitivas como el sistema de aplicación a una nueva negociación en una mesa de la Función Pública donde se defina finalmente el complemento.
Medidas insuficientes
JUCIL, que se define como la asociación «más combativa de la Guardia Civil», subraya que Baleares siempre ha tenido una tabla de compensación propia, con criterios diferentes y a toda vista insuficientes dada la singularidad del elevado coste vida. Ahora, además, es el único lugar donde la indemnización por residencia se aplica de forma desligada entre trabajadores estatales y autonómicos.
Exigen que tanto los sindicatos como el Ministerio de la Función Pública demuestren «altura de miras» y negocien unas cantidades apropiadas para la indemnización por residencia. Dichas cuantías, demandan, deben ajustarse estrictamente al elevado coste de la vida en Baleares, «que difiere significativamente de otras regiones».
Sostienen que este complemento en Baleares debe estar orientado a las necesidades y circunstancias del territorio y no en equiparación a la de territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, «donde el coste de la vida es notablemente inferior».
Una demanda histórica
Denuncian que, históricamente, estas islas mediterráneas nunca han contado con un sistema de retribución similar al de otros territorios con indemnización, ni tampoco ahora al que afecta a los trabajadores autonómicos, quienes además disponen de complementos retributivos adicionales, como los destinados a puestos de difícil cobertura.
«No podemos permitir que se repita lo que ocurrió en 2006, cuando Baleares fue discriminada por imponerle unos planteamientos que no resolvían las necesidades reales de los agentes», reclama Quesada.
