Armengol no justificó proveedores y pagó precios «muy por encima» del mercado en la pandemia

Una auditoría encargada por el Gobierno balear de Marga Prohens ha puesto al descubierto deficiencias en la gestión de compras de material sanitario durante la pandemia bajo el mandato de la expresidenta socialista Francina Armengol. El informe analiza 60 contratos superiores a 100.000 euros entre 2020 y 2022, y concluye que en ninguno de ellos se justificó adecuadamente la elección de un único proveedor y que algunos precios se pagaron «muy por encima» de los valores de mercado.

El estudio, elaborado por Netadia Europa S.L.P., señala que la urgencia sanitaria en plena pandemia, permitida para casos de urgencia como la COVID-19, permitió al ejecutivo de la socialista obviar procedimientos básicos de control y transparencia más allá de lo estrictamente necesario, ya pasada la urgencia de la crisis sanitaria, en 2021 y 2022.

La relajación de los requisitos procedimentales en la tramitación de emergencia permitió obviar muchas formalidades ordinarias, algunas de ellas obligatorias, que tampoco se detallaron correctamente en el expediente y que eran fundamentales para evitar abusos y proteger el interés público.

Entre los hallazgos más destacados se advierte de que en dos tercios de los contratos, la justificación se emitió después de iniciada la ejecución; casi el 97 % carecían de contrato formalizado por escrito y actas de recepción; más de la mitad se publicaron fuera de plazo, y en el 65 % no constaban en el perfil del contratante.

El 97 % sin contrato escrito

Aunque en términos generales los precios se aproximaron a los de mercado, el informe identifica expedientes concretos con sobrecostes relevantes «muy por encima del precio» de mercado en ese momento. Sin embargo, los auditores reconocen que la falta de documentación impide evaluar con certeza la eficiencia y eficacia de la gestión de los recursos, y concluyen que estas «compras concretas» no son «extrapolables al conjunto de las compras analizadas».

«No existe una seguridad razonable que permita emitir una valoración concluyente sobre la eficiencia en la gestión eficiente y la eficacia del Servicio de Salud de Baleares frente a la crisis sanitaria al no disponer de documentación que permita obtener la correcta recepción del material, el reparto y el adecuado uso de dicho material entre otras cuestiones», resumen en una de las conclusiones de uno de los informes sobre el análisis de adecuación de los precios adjudicados.

Esta auditoría externa fue encargada a finales de 2024 por el actual Gobierno balear de Marga Prohens para detectar posibles irregularidades en la compra de material sanitario durante lo peor de la pandemia tras las revelaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y los contactos del anterior Ejecutivo autonómico con al menos dos empresas vinculadas al caso Koldo investigado en la Audiencia Nacional.

«Queremos llegar hasta el final y saber todo lo que pasó o sobre qué se mintió en la comisión», incidió por entonces la presidenta Prohens aludiendo a las mentiras de la ex consejera de Salud en la comisión de investigación en el Parlamento balear. Patricia Gómez negó hasta en dos ocasiones haber hablado con la trama de Koldo.

Sin embargo, un informe de la UCO reveló que fue la propia Armengol quien facilitó el número de teléfono de Gómez a Koldo García en agosto de 2020 y que este contactó con la ex consejera de Salud y posteriormente se reunieron.

Posteriormente, Eurofins Megalab resultó adjudicataria de al menos dos contratos con el Servicio de Salud de las Islas Baleares por un total de 1.112.640,00 euros por la realización de pruebas diagnósticas Covid-19 a los residentes baleares que regresaban a las Islas vía aérea procedentes de la Península. Ambos contratos fueron adjudicados por el procedimiento de negociado sin publicidad.

No se acreditó solvencia técnica

Ahora, tras el análisis de los 60 contratos, la auditoría global de gestión -de 24 páginas- revela que en el 66,67 % de los expedientes el informe de necesidad se emitió después de iniciado el contrato, incumpliendo lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Además, el 20 % de los expedientes presentaban múltiples contratos y facturas sin justificación previa, y en el 63,33 % de los casos no se acreditó que la ejecución comenzara dentro del plazo legal, que establece un máximo de un mes desde la dación de cuenta al Consell de Govern.

Tampoco constan declaraciones de ausencia de conflicto de intereses (DACI), ni se acreditó la solvencia técnica o la capacidad de contratar de los proveedores. Tampoco existe evidencia de sondeo de mercado ni justificación para la elección de proveedores únicos en los contratos revisados.

Se observa también que el 90 % de los expedientes carecen de actas de conformidad y albaranes firmados, y se identificaron casos de material no conforme que no fue repuesto ni reintegrado. Además, el 63,33 % de los expedientes presentaban ausencia de documentación de soporte sobre pagos, dificultando la trazabilidad de los recursos.

En relación con la publicidad de los contratos, más de la mitad (el 51,67 %) se publicaron fuera del plazo legal y en el 65 % de los casos no consta la publicación de la formalización en el perfil del contratante, incumpliendo los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Se usó la vía de emergencia cuando ya había «cierta normalidad»

Ante estas deficiencias, la auditoría recomienda reforzar la transparencia en futuras contrataciones de emergencia. E insiste en limitar estos procedimientos a lo indispensable, documentar todas las etapas, justificar la elección de proveedores, comparar precios de mercado y formalizar actas de recepción.

La ley de contratación por vía de emergencia permitió al Gobierno de Armengol tramitar, excepcionalmente, la licitación y ejecución de los contratos rebajando al máximo todo control administrativo ante lo que se consideraba un momento de «acontecimiento catastrófico, de situación que suponía grave peligro o de necesidad que afectaba a la defensa nacional».

Sin embargo, aun con su excepcionalidad, estas contrataciones bajo el paraguas de la emergencia sanitaria requerían «una serie de obligaciones y requisitos legales previstos en la Ley de Contratos del Sector Público», alertan los auditores, que aprecian que esta excepcionalidad se utilizó más allá de lo necesario y cuando ya existía una «cierta normalidad».

«La contratación de emergencia es una herramienta excepcional para responder con rapidez y eficacia a situaciones críticas, pero se insta a usarse con rigor, limitándose a lo indispensable, con máxima transparencia y bajo estricto control», insisten los auditores.

El informe alerta de la continuidad del uso del procedimiento de emergencia en contextos temporales, aun cuando ya existía «una cierta normalidad» como en la anualidad de 2021, donde se sigue realizando múltiples adquisiciones de distinto tipo de material sanitario habitual en el mercado, incluso en ocasiones estas mismas adquisiciones se realizaban «todas en un mismo expediente. La tramitación de emergencia en futuros procesos debe limitarse a lo estrictamente indispensable».

Anticorrupción ya lo advirtió

Un informe de la Sindicatura de Cuentas de 2020 ya alertó sobre este abuso de la contratación por vía de emergencia por parte del Govern de Armengol durante la pandemia y la falta de control sobre subvenciones y contratos. Según el organismo, la expresidenta recurrió a adjudicaciones directas sin justificar una «imperiosa necesidad», un mecanismo que la ley reserva para situaciones excepcionales, y prolongó su uso más allá de los meses críticos de la crisis sanitaria.

También la Oficina Anticorrupción señaló que entre marzo y julio de 2020 el ejecutivo Armengol efectuó 294 contratos por vía de emergencia por un total de 65,6 millones de euros, destacando especialmente la adquisición de material sanitario cuando ya había finalizado el estado de alarma.

En 2024, el Servicio de Salud balear, ya bajo la presidencia de Marga Prohens, puso a disposición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la documentación completa relacionada con el caso Koldo. El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ordenó incautarse de los correos electrónicos de los funcionarios y altos cargos del Govern de Armengol implicados en la adjudicación de las mascarillas falsas en Baleares. El Ejecutivo autonómico entregó todo el expediente y la totalidad de la información disponible. «Queremos saber la verdad», reivindicó el ejecutivo del PP, que tiene en marcha la reclamación del contrato de este lote de mascarillas inservibles pagadas a la trama. Un millón y medio de cubrebocas que el ejecutivo de Armengol pagó a Soluciones de Gestión SL -otra empresa vinculada a la trama- en tiempo exprés, dio un certificado de conformidad y guardó durante tres años sin iniciar ninguna reclamación, pese a ser mascarillas inservibles -no cumplían el estándar- para proteger a los sanitarios. Prohens reivindica que se recuperen esos más de cuatro millones de euros «defraudados» a los ciudadanos de Baleares.