La «farsa» del activismo lingüístico: mucha presión pública y poco compromiso privado con el catalán

Un reciente estudio pone en cuestión la solidez del activismo en favor del catalán en Baleares.

La principal conclusión es que si bien las reivindicaciones públicas son visibles y se traducen en una constante presión institucional, los hábitos en el ámbito privado no son coherentes.

Se trata de un informe realizado por la Plataforma per la Llengua, que revela una profunda contradicción entre las exigencias sociales en favor del catalán y el comportamiento real de los ciudadanos en su vida cotidiana.

El mismo analiza hasta qué punto la defensa pública del catalán en el entorno digital se corresponde con el uso efectivo de esta lengua en la configuración de dispositivos electrónicos personales. Los resultados apuntan a una brecha evidente entre el discurso y la práctica.

Según el estudio, el 50% de los encuestados considera que las empresas deberían estar obligadas por normativa a ofrecer versiones en catalán de sus páginas web y servicios digitales. Sin embargo, cuando se traslada la cuestión al ámbito estrictamente privado, el compromiso se diluye: solo un 20% afirma preocuparse «mucho» por configurar sus dispositivos en catalán, mientras que un 60% reconoce no prestarle ninguna atención.

De cara a la galería

Esta disparidad refuerza la idea de un activismo lingüístico que se activa con intensidad en el espacio público —a través de campañas, comunicados, presión institucional o presencia en redes sociales— pero que pierde fuerza cuando requiere un gesto personal, sencillo y sin coste, como seleccionar una lengua en un teléfono móvil o un ordenador.

El contraste resulta especialmente significativo en los grupos de edad más vinculados al uso intensivo de la tecnología. En la franja de entre 30 y 44 años, hasta dos tercios de los encuestados no configuran sus dispositivos en catalán. Se trata, paradójicamente, de un segmento que participa de forma activa en el debate público y digital sobre la defensa de la lengua, pero que no refleja ese posicionamiento en sus hábitos privados.

Por el contrario, la población jubilada es la que muestra una mayor coherencia entre discurso y práctica. Un 45% de las personas mayores afirma configurar sus dispositivos en catalán «mucho o bastante», un porcentaje sensiblemente superior al de otros grupos de edad.

El nivel de estudios también introduce diferencias relevantes. Solo el 23% de las personas sin estudios utiliza el catalán en la configuración de sus dispositivos, mientras que entre quienes cuentan con formación universitaria el porcentaje asciende al 44,9%, sin llegar en ningún caso a una mayoría clara.

La lengua habitual completa el retrato de esta incoherencia. El 77% de los catalanohablantes exclusivos sí configura sus dispositivos en catalán, frente a apenas un 13% de los castellanohablantes. En el caso de los bilingües, el compromiso es mínimo: solo un 14% declara hacerlo «mucho».

En conjunto, el estudio cuestiona la consistencia de un activismo lingüístico que exige a terceros —empresas, plataformas y administraciones— lo que una parte significativa de sus propios defensores no aplica en el ámbito privado. Una «farsa» silenciosa que pone en duda la profundidad real de un compromiso que, en demasiadas ocasiones, parece quedarse en el plano del gesto público y la presión simbólica.