Ibiza pone a fin al «fraude» de inmigrantes y turistas sin DNI ni residencia legal que usaban el bus gratis

El Consell de Ibiza ha actuado con mano firme frente a los habituales fraudes que inmigrantes y turistas cometían para viajar gratis en el transporte público. Únicamente podrán acceder a la gratuidad aquellas personas que dispongan de DNI y residencia legal en la isla. La tarjeta para viajeros no es un derecho universal, señalan, y funciona como una ayuda estructural a los que pagan sus impuestos y contribuyen al sistema público durante todo el año.

Esta revisión impulsada por el presidente de la institución, Vicent Marí (PP), ha encendido las críticas de partidos como PSOE y Podemos, apoyándose en que las personas empadronadas sin residencia legal necesitan el transporte gratuito para trabajar. Sin embargo, este argumento constituye un sinsentido, defienden los populares, ya que no hay trabajo legal sin residencia legal, y las ayudas públicas no pueden partir de un delito.

La condición es que quien no dispone de la tarjeta puede seguir usando el servicio público de autobús, solo que debiendo abonar un billete sencillo cada vez que lo usa. Y para acceder a la tarjeta será primordial presentar un certificado de residencia que pueda cotejarse con un DNI o NIE. Así es como el Consell quiere acabar de raíz con las irregularidades que existían en el uso de este servicio.

Los fraudes desde la gratuidad en 2022

Desde el segundo semestre de 2022, para paliar la espiral inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania, el servicio de autobús pasó a ser gratuito en Ibiza para todos aquellos que contaran con una tarjeta de viajero frecuente. No obstante, la institución empezó a identificar fraudes en la obtención del título. Grupos de turistas se presentaban en las administraciones con la intención de adquirir una tarjeta de gratuidad, además de trabajadores de muy corta distancia que accedían a la subvención.

Por ello, afirman que lo único que se ha hecho es clarificar qué documentos son válidos para acceder al trámite de adquisición de la tarjeta para poder moverse por la isla sin costes. Un requisito que no es nuevo ni arbitrario, si se tiene en cuenta que el Gobierno de España pide los mismos para acceder a los descuentos de RENFE o a los Transportes Metropolitanos del Ayuntamiento de Barcelona. Ejemplos que pone Ibiza para equiparar los requisitos de la isla con los del resto del país, que hasta ahora eran «anormalmente flexibles».

PSOE y Podemos, en contra

Sin embargo, PSOE y Podemos han registrado una iniciativa conjunta para modificar la normativa. Sostienen que las personas sin residencia legal que estén empadronadas necesitan la tarjeta de gratuidad para poder trabajar, de forma que la nueva medida «excluye a cientos de inmigrantes de este servicio esencial».

Inmigrantes «excluidos»

La socialista Elena Bonet sostiene que es «una decisión cruel», y priva especialmente al colectivo de inmigrantes, que «son quienes más necesitan este apoyo para su movilidad». La portavoz exige “la retirada inmediata de la prohibición, reclamando que las autoridades sancionan sólo a quienes hagan mal uso de los abonos, en lugar de penalizar a todas las personas afectadas»

El portavoz de Podemos, Óscar Rodríguez, afirma que la medida se suma a otras tomadas en materia de sanidad o servicios sociales, que «eliminan los derechos de los inmigrantes». En este caso, de los empadronados que «aún no han adquirido la nacionalidad española o el permiso de residencia». Rodríguez reivindica que estos residentes «pagan sus alquileres, consumen en el tejido local y son fundamentales para la economía insular».

Las alegaciones de PSOE y Podemos parten de una ilegalidad, señala el Consell: «Este argumento es incoherente. Si una persona no tiene residencia legal, no puede trabajar legalmente». Tan simple como esto. El trabajo sin autorización constituye una infracción grave en materia de extranjería y, en determinados supuestos, puede ser un delito. De esta manera, las manifestaciones de la izquierda «justifican ayudas públicas partiendo de una infracción o un delito», por lo que Marí responde que «son absolutamente inaceptables».

Cabe destacar que el empadronamiento es un registro administrativo que acredita la presencia en un municipio, pero no regulariza la situación administrativa ni otorga derecho a trabajar. No genera obligaciones fiscales como el IRPF ni puede usarse, recuerdan los populares, como criterio suficiente para acceder a beneficios públicos estructurales como la tarjeta de transporte habitual. Marí remarca que el transporte gratuito debe ser para personas legalmente establecidas de forma permanente en Ibiza y pagan sus impuestos.

Gratuidad solo para «legales»

Por otra parte, la medida pretende determinar las funciones reales que tiene una tarjeta de transporte gratuito. El Consell deja claro que no es un derecho universal, sino una ayuda estructural vinculada a la residencia estable y a la contribución fiscal. Solo quienes trabajan legalmente, pagan IRPF y cotizan sostienen los servicios públicos, por lo que son los únicos que deben poder acceder a estos. No se está hablando de una tarjeta turística o de ayuda puntual y «equiparar a residentes legales con personas sin residencia desvirtúa el concepto mismo de uso habitual», añaden.

Además, la nueva medida no eliminará las ayudas para quien lo necesita. En respuesta a la supuesta «exclusión social» que señalan algunos grupos, la administración asegura que se mantiene el compromiso con todas aquellas personas derivadas de Servicios Sociales de los ayuntamientos de la isla. La idea es que, por el motivo que sea, si lo necesitan podrán seguir desplazándose en los mismos términos de los últimos años.

No obstante, reitera el Consell, la tarjeta de transporte habitual es para quienes viven, trabajan y contribuyen legalmente en Ibiza, y empadronarse no otorga automáticamente este derecho, ni puede ser motivo para beneficiarse de las mismas ayudas que financian los que sí cumplen la ley. Por eso, la medida simplemente establece que será obligatorio abonar el precio correspondiente del billete, en caso de no reunir estas condiciones, concluyen.