El sistema de financiación autonómica es el mecanismo que debería garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan acceder a unos servicios públicos fundamentales de calidad similares. Es el reparto del pastel común del Estado autonómico: todos contribuimos a elaborarlo y todos deberíamos recibir una porción justa. Lo que no es aceptable es que la receta se negocie pensando en un solo comensal y que al resto se nos ofrezcan las migajas. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido con la propuesta de reforma presentada por el Gobierno de España en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Lo primero que resulta inaceptable es el origen de la propuesta. No estamos ante un planteamiento trabajado de manera multilateral entre comunidades autónomas, sino ante el resultado de una negociación bilateral con Oriol Junqueras, líder de un partido –ERC- que ni gobierna Cataluña ni desde luego representa a los ciudadanos de las Islas Baleares. ¿Qué legitimidad tiene el señor Junqueras para decidir cómo deben defenderse los intereses de los ciudadanos de Baleares? Ninguna. La financiación no puede convertirse en un menú a la carta pactado al margen del resto.
Se ha intentado presentar la propuesta como un avance en equidad, cuando la realidad es que se ha tratado de cumplir con las peticiones hechas por y para el separatismo. Y al mismo tiempo, que el presidente del Gobierno se asegure continuar unos meses más en la Moncloa. Y el resultado de esta perversa negociación ha sido un ‘no’ prácticamente unánime de todas las comunidades autónomas. Ni siquiera Asturias ni Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE, la aceptan. María Jesús Montero ha cosechado en su propuesta un ‘no’ inmensamente mayoritario.
Pero el problema no acaba ahí. La propuesta ignora por completo las necesidades reales de las Islas Baleares. Rebaja el peso de la insularidad en el cálculo de la población ajustada, como si ser islas hoy generara menos costes que ayer. Nada más lejos de la realidad. Mantener servicios públicos en un territorio fragmentado, dependiente del transporte interinsular y con sobrecostes estructurales evidentes exige mejores recursos. Además, el modelo sigue sin tener en cuenta ni la población flotante ni el fuerte crecimiento demográfico, factores que tensionan la prestación de los servicios públicos en nuestras islas.
Conviene recordar que estas reivindicaciones no son nuevas. Formaban parte de las alegaciones que el Govern de Francina Armengol envió en 2022 al propio Ministerio de Hacienda. Resulta, como mínimo, incoherente que hoy el Partido Socialista de las Islas Baleares defienda aceptar un sistema que no incluye ninguno de aquellos ingredientes que entonces consideraba imprescindibles para un reparto justo.
Existe, además, una línea roja que el Govern de las Islas Baleares no va a permitir que se cruce: el ataque a la autonomía tributaria. Imponer desde Madrid la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones supondría vulnerar la voluntad democrática expresada por una amplia mayoría de ciudadanos en las elecciones autonómicas de 2023. Se puede discrepar sobre la política fiscal, pero lo que no es admisible es que se pretenda decidir desde fuera qué impuestos deben servirse en nuestra mesa.
Aun así, siempre hemos defendido que era necesario abrir el debate y poner una propuesta sobre la mesa. Esto ha sucedido, y lo valoramos, pero ahora toca negociar. Y hacerlo de verdad: entre todos, con transparencia y con equidad. Las Islas Baleares estarán en esa negociación para defender lo que nos corresponde. Porque son reivindicaciones que consideramos que forman parte del consenso social y político de estas islas. Lo que no haremos será aceptar un reparto injusto ni conformarnos con las migajas de un pastel que también hemos ayudado a cocinar.
Antoni Costa es vicepresidente primero del Gobierno de Baleares y consejero de Economía, Hacienda e Innovación.