Un dron «sin papeles» obliga a intervenir a la Guardia Civil en una prueba deportiva de Palma

La seguridad aérea en eventos públicos vuelve a estar en el punto de mira tras el incidente ocurrido el pasado domingo durante la jornada inaugural de la Challenge Ciclista Mallorca 2026. La Guardia Civil ha interceptado y propuesto para sanción al operador de un dron -una aeronave no tripulada (UAS)- que pretendía captar imágenes de la salida de la prueba en el Paseo Marítimo de Palma sin contar con ninguno de los permisos exigidos por la legislación vigente.

Los hechos se desencadenaron cuando los efectivos desplegados en el dispositivo de seguridad detectaron el despegue del aparato en una zona de alta sensibilidad. Tras identificar al piloto, las autoridades comprobaron que la actividad estaba poniendo en riesgo la seguridad de la zona.

Zona restringida

Según ha informado la Guardia Civil a través de una nota técnica, el responsable del dron no disponía de la autorización preceptiva para operar en un entorno afectado por la Restricción al Vuelo Fotográfico (RVF). Esta delimitación, gestionada por el Ministerio de Defensa, protege áreas estratégicas y prohíbe la captación de imágenes aéreas sin un permiso específico que garantice la protección de activos del Estado.

Además, el vuelo se produjo en una ubicación crítica desde el punto de vista aeronáutico: el área de influencia y servidumbre del Aeródromo de Son Bonet. Operar en estas zonas sin la coordinación previa con los servicios de control de tráfico aéreo supone un riesgo directo para las aeronaves tripuladas que transitan por la isla, un factor que agrava considerablemente la responsabilidad del piloto.

A las infracciones puramente aeronáuticas se suma el incumplimiento de la normativa de seguridad ciudadana. Al tratarse de un entorno urbano con gran afluencia de público, el operador estaba obligado por ley a realizar una comunicación previa al Ministerio del Interior. Este trámite es indispensable para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan constancia de cualquier objeto volante sobre concentraciones de personas y puedan evaluar posibles riesgos de interferencia o seguridad.

Multas de hasta cinco dígitos, incluso responsabilidad penal

La Benemérita ha recordado que el uso de drones no es una actividad exenta de responsabilidad legal. El incumplimiento de la normativa actual puede derivar en graves consecuencias administrativas, con multas que en casos similares han alcanzado cifras de cinco dígitos, e incluso en responsabilidades penales si se determina que se ha puesto en peligro la seguridad de infraestructuras críticas o de los ciudadanos.

Este incidente se produce en un momento de especial vigilancia sobre el uso recreativo y profesional de drones en España, donde la integración de estas naves en el espacio aéreo compartido exige un cumplimiento estricto de los marcos regulatorios de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y los ministerios competentes.