Desalojo exprés del mayor bastión okupa de Palma: «No queremos que nadie muera calcinado»

Cuatro incendios en un solo fin de semana y cuatro personas rescatadas por los bomberos han precipitado el principio del fin del mayor núcleo okupa de Palma. La antigua cárcel de la ciudad, un inmueble cerrado desde hace años y ocupado por unas 200 personas, afronta desde este miércoles un proceso de desalojo que el Ayuntamiento justifica por el temor a que el próximo incidente sea fatal.

El edificio, convertido en el inmueble con más okupas de la ciudad y de toda la isla, llevaba años siendo un símbolo de la crisis habitacional. Cientos de personas se han asentado -de manera permanente o transitorio- en alguno de sus rincones ante la imposibilidad de pagarse una habitación en un piso compartido. Sin embargo, la conflictividad de algunos de sus okupantes -inmigrantes argelinos llegados en patera, «muy prolíficos y especialmente violentos», según fuentes policiales consultadas por El Debate- ha cambiado el escenario drásticamente. «Antes había alguna pelea, algún problema puntual. Ahora los altercados son constantes y las autoridades no pueden permitirse que alguien muera ahí dentro», prosiguen dichas fuentes.

Personas atrapadas

Los problemas serio empezaron hace meses pero la mecha definitiva ha prendido este fin de semana cuando una serie de fuegos intencionados dejaba atrapadas a un grupo de personas y obligaba a actuar a Policía Local y Bomberos.

El regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet, ha sido claro al explicar la decisión. «No queremos que nadie muera quemado o asfixiado en un incendio», ha afirmado en el primer día de control de accesos al recinto. «Lo único que nos preocupa es que ninguna persona de las que viven aquí dentro pueda morir calcinada después de los hechos que tuvieron lugar este fin de semana. Nuestra preocupación es máxima y por eso hemos tomado esta decisión».

Así pues, el Ayuntamiento ha iniciado un censo exhaustivo de las personas que residen en recinto para arrancar el procedimiento legal. Durante dos días, los servicios municipales recopilarán datos que serán elevados a la Junta de Gobierno este viernes. A continuación, se celebrará una Junta de Seguridad con Guardia Civil, Policía Nacional y Delegación del Gobierno para coordinar la ejecución de las actuaciones dentro de los plazos que marca la ley.

Bonet ha reconocido que el proceso no será inmediato. «Podemos pretender dejar esto vacío mañana, pero la realidad es que la legalidad nos obliga a cumplir una serie de plazos», ha explicado. Tras la notificación individual, los moradores dispondrán de cinco días para presentar alegaciones. Posteriormente serán citados y contarán con cuatro días más para abandonar el inmueble. Si alguien se niega a marcharse voluntariamente, el caso se trasladará a la vía judicial. Pero el ayuntamiento ya habrá hecho todo lo que está en su mano.

El regidor ha insistido en que la intención municipal no es dejar a nadie en la calle. Este miércoles está prevista una reunión con representantes del Obispado de Mallorca para evaluar cuántas habitaciones podrían habilitarse de forma provisional. También se ha planteado la colaboración con el Ejército, que dispone de instalaciones susceptibles de uso temporal.

«No tenemos adónde ir, tendremos que okupar otro sitio o acampar aquí fuera», se lamentaba uno de los okupas preguntado por este medio. «Nos tratan a todos como delincuentes pero no lo somos, sólo intentamos sobrevivir», agrega otra de las moradoras, con trabajo y sin antecedentes policiales.

Podemos habla del 'método Albiol'

Desde la oposición, la medida ha sido recibida con fuertes críticas. La regidora de Unidas Podemos en Cort, Lucía Muñoz, ha acusado al alcalde Jaime Martínez de aplicar el «método Albiol» para «dejar en la calle a gente que ya está viviendo en condiciones que nadie desearía». A su juicio, el gobierno municipal debería haber garantizado soluciones habitacionales estables antes de activar el desalojo.

Mientras los plazos administrativos comienzan a correr, el antiguo penal se encuentra en una tensa espera. Para el Ayuntamiento, la prioridad es evitar una tragedia anunciada en un edificio con instalaciones precarias y alto riesgo de incendio. Para quienes lo habitan, es el temor a perder el único techo disponible. Entre la urgencia de la seguridad y la complejidad social del problema, Palma afronta uno de los desalojos más delicados de los últimos años.