Una patera localizada en la costa de Mallorca
Inmigración ilegal
A juicio por traer una patera desde Argelia con 32 inmigrantes subsaharianos, la mitad niños y mujeres
La embarcación, resalta la Fiscalía, era de muy pequeñas dimensiones y disponía de un solo motor
El negocio de la inmigración ilegal deja historias terribles como esta. Travesías en las que niños, sin compañía de ningún familiar, se embarcan en pateras minúsculas y atestadas de personas. En esta ocasión, al menos, uno de los presuntos responsables se sentará ante la Justicia.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo viernes, a las 12.30 horas, la vista previa del juicio contra un hombre acusado de patronear una patera en la que viajaban 32 personas hacinadas en una embarcación muy pequeña, con un único motor y sin garantías de seguridad en plena travesía por el Mediterráneo.
La mitad de los ocupantes eran menores de edad. Dieciséis niños compartían espacio con adultos desconocidos, y solo uno iba acompañado de un familiar. Dos de ellos no habían cumplido siquiera los 12 años. También viajaban tres mujeres. El resto eran hombres adultos, todos de origen subsahariano.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la embarcación zarpó de las costas de Argelia en la madrugada del 9 de septiembre de 2025 y fue interceptada poco más de 24 horas después al sur de Cabrera. Más de un día en alta mar en una patera sobrecargada, impulsada por un solo motor y con bidones de combustible almacenados a bordo, lo que —siempre según el Ministerio Público— multiplicaba el riesgo para todos, especialmente para los niños.
3.000 euros por inmigrante
El fiscal sostiene que la embarcación sobrepasaba ampliamente su capacidad y que carecía de medidas básicas de seguridad. No reunía condiciones para transportar a tal número de personas. En un espacio reducido y sin apenas margen de movimiento, los pasajeros afrontaron oleaje, cansancio y la amenaza constante de una avería o un accidente.
La travesía, añade la acusación, habría sido organizada por dos personas asentadas en Argelia, no identificadas en la causa. Cada inmigrante pagó alrededor de 3.000 euros por el viaje, una cantidad considerable que, en muchos casos, supone el ahorro de familias enteras. En el centro de esa operación estaban también los niños, convertidos en pasajeros de una ruta especialmente peligrosa.
La Fiscalía solicita para el acusado seis años de prisión por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Según el escrito, habría aceptado patronear la embarcación a cambio de una compensación económica que se concretó en una rebaja del precio del viaje.
