Guerra política en Palma por la revisión del padrón de personas sin hogar

La gestión de las personas sin hogar en Palma ha abierto un nuevo frente de batalla política. En el centro de la polémica se encuentra la revisión del padrón municipal para este colectivo, una medida que ha llevado a los grupos de la izquierda a exigir el cese fulminante de la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca.

Sin embargo, lejos de la lectura de «persecución» que denuncia la oposición, el Ayuntamiento sostiene que se trata de una necesaria actualización técnica para poner orden a una realidad administrativa a menudo invisible. Lourdes Roca ha defendido la gestión municipal este jueves con un argumento puramente normativo. Según la regidora, el consistorio no está inventando reglas propias, sino aplicando la resolución estatal de febrero de 2020 emanada del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta normativa, publicada en el BOE en pleno inicio de la pandemia, es la que dicta las instrucciones técnicas para que los ayuntamientos gestionen el empadronamiento de quienes no tienen un techo fijo. La ley es clara en un punto fundamental: para que una persona vulnerable figure en el censo de una ciudad, los servicios sociales deben poder acreditar de manera fehaciente que su residencia es, efectivamente, habitual en dicho municipio.

Bajo este paraguas legal, las áreas de Servicios Sociales y Población de Palma aprobaron en julio de 2025 un protocolo interno de coordinación. Este documento busca regular el seguimiento periódico de estas personas para evitar que el padrón se convierta en una foto fija y desactualizada. El protocolo establece que cualquier cambio significativo en la vida de estas personas debe quedar reflejado en los registros oficiales. Esto incluye situaciones tan diversas como el traslado del ciudadano a otro municipio, su acceso a una vivienda o habitación de alquiler, o el momento en que abandonan un centro de acogida. También se contempla la baja en el censo cuando se produce una pérdida de contacto prolongada, lo que indicaría que el vínculo de residencia con la ciudad se ha roto.

El papel de la Cruz Roja

En esta arquitectura administrativa, el papel de «ojos en la calle» lo desempeña la Unidad Móvil de Emergencia Social (UMES) de la Cruz Roja. Al ser la entidad que asiste diariamente a este colectivo en las calles de Palma, la UMES es la encargada de actualizar cada seis meses el listado de personas atendidas. Esta información permite a los servicios sociales verificar si se siguen cumpliendo los requisitos legales para mantener el empadronamiento.

El consistorio señala que este seguimiento no se estaba aplicando hasta ahora, pese a estar previsto en la normativa. En este contexto, el 18 de septiembre de 2025 Cruz Roja remitió a los servicios sociales municipales una revisión del listado de personas empadronadas en domicilios ficticios que se utilizan para empadronar a personas sin vivienda.

En esa comunicación, la entidad señalaba distintos casos en los que no se había podido mantener contacto con las personas durante más de seis meses, por lo que no se podía confirmar si continuaban residiendo en el municipio o en situación de calle.

A partir de esta información, los servicios sociales trasladaron los datos al área municipal de Población para iniciar expedientes administrativos de revisión del padrón. El Ayuntamiento subraya que el inicio de estos procedimientos no implica la baja automática del padrón y que durante toda la tramitación las personas continúan empadronadas.

Además, recalca que si se acredita que siguen viviendo en Palma o siendo atendidas por servicios sociales u otras entidades sociales, el expediente se archiva y mantienen su inscripción. De hecho, según el consistorio, durante la tramitación ya se han anulado 17 solicitudes de baja tras comprobar que las personas continúan en situación de calle en el municipio.

Una vez finalizado el procedimiento administrativo, el Ayuntamiento debe solicitar un informe vinculante al Consell d’Empadronament y solo en caso de informe favorable se podría adoptar la resolución de baja efectiva en el padrón.

La ira del PSOE y Podemos

Pese a estas explicaciones, la actuación municipal ha desatado críticas de la oposición. El grupo municipal del PSOE ha acusado a la regidora de haber solicitado a Cruz Roja un listado de cerca de 300 personas en situación de emergencia social con el objetivo de desempadronarlas y ha exigido al alcalde, Jaime Martínez, que la destituya.

El portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha advertido de que eliminar a una persona del padrón municipal supone dejarla «sin derechos, sin acceso al médico, ayudas sociales o incluso la escolarización», y ha acusado a Roca de haber mentido sobre el origen de los listados.

En la misma línea, Unidas Podemos ha registrado una moción para paralizar los expedientes de baja que, según afirma, podrían afectar a centenares de personas vulnerables, y ha pedido también la dimisión de la regidora.

La concejala de la formación, Lucía Muñoz, ha advertido de que retirar el empadronamiento puede poner en riesgo el acceso a derechos básicos y ha denunciado que muchas de las personas afectadas podrían no recibir notificaciones efectivas debido a su situación.