Las históricas murallas de Ibiza, en riesgo por la desidia del Gobierno de Pedro Sánchez

El mal estado del acantilado de Dalt Vila, en la ciudad de Ibiza, vuelve a poner en peligro las murallas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. A pesar de que el Ayuntamiento de Ibiza, gobernado por el PP, ha solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Transición Ecológica que intervenga para evitar un desastre, la respuesta de momento ha sido más bien tibia. De ahí que el Consistorio haya vuelto a dirigirse por escrito a la ministra Sara Aagesen alertando de la situación.

Esta es la tercera ocasión en el que el alcalde de Ibiza, el popular Rafael Triguero, traslada a Aagesen su «profunda preocupación» por este problema. «Este acantilado, situado en el entorno declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, constituye el soporte natural de las murallas de Dalt Vila, por lo que su progresivo deterioro supone un riesgo significativo para la estabilidad del conjunto patrimonial y su adecuada conservación».

En 2024 y en 2025 Triguero remitió sendos escritos al ministerio trasladando el problema. Recientemente, visitó el acantilado el responsable de la Demarcación de Costas en Baleares para constatar la situación y la necesidad de intervenir. Pero, desde entonces, el Ayuntamiento sigue a la espera de que el ministerio tome una decisión.

«Consideramos imprescindible que se impulse con carácter urgente una actuación de consolidación que garantice la estabilidad del acantilado y la preservación de este bien de valor universal excepcional», alerta el alcalde en su carta y solicita «la adopción de medidas las medidas necesarias a la mayor brevedad posible».

Sin noticias de Óscar Puente

El del acantilado no es el único problema que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez sin resolver en la isla de Ibiza. El más significativo es el del convenio de carreteras, que lleva sin firmarse desde 2019 a pesar de tratarse de un acuerdo anual mediante el cual el Ministerio de Transportes aportaba a las arcas insulares una partida económica para el mantenimiento y la modernización de la red viaria de la isla. A pesar de que el Consell Insular de Ibiza, gobernado por el popular Vicent Marí, lo ha intentado en repetidas ocasiones, ha sido totalmente imposible conseguir respuesta del ministro Óscar Puente.

Grave es también lo sucedido con el solar de la antigua comisaría de la Policía Nacional. En 2019 se acordó entre Interior, el Govern balear, el Consell Insular y el Ayuntamiento de Ibiza levantar una promoción de 120 pisos de protección pública, buena parte de los cuales serían para funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la isla. Esta vez fue la desidia del Govern de la socialista Francina Armengol la que dio al traste con el proyecto. Interior decidió entonces destinar el suelo a la construcción de una residencia para los funcionarios de la Policía Nacional. Un proyecto que tampoco ha visto la luz por la imposibilidad del Gobierno de Sánchez de aprobar los Presupuestos Generales del Estado.