El impacto de la huelga médica en Baleares asciende a 7,2 millones de euros tras 16 días de paros

La consellera balear de Salud, Manuela García, ha cifrado este martes en 7,2 millones de euros el impacto económico directo de la huelga médica contra el Estatuto Marco que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante el pleno del Parlament este martes, García ha denunciado que esta cuantía —detraída de la posible contratación de profesionales o compra de tecnología— es el saldo de un conflicto que deja ya 50.000 citas y operaciones suspendidas en las islas.

La comparecencia ha derivado en un enfrentamiento con el PSIB-PSOE, que ha exigido formalmente la dimisión de la consellera del Gobierno balear. Las diputadas socialistas Teresa Suárez y Patricia Gómez han calificado de «caos» la situación de la sanidad pública, acusando al Govern de Prohens de «incumplir» sus promesas en salud mental y de mantener la red asistencial «colapsada».

García ha respondido a las críticas acusando al PSIB de hacer «demagogia» y de intentar «desviar la atención» de una huelga que vincula a la gestión del Gobierno central. «No hicieron absolutamente nada en ocho años», ha replicado la consellera en referencia a la etapa socialista, defendiendo la incorporación de psicólogos en centros de salud y centros educativos bajo el actual mandato.

Desde el inicio de la legislatura, ha reivindicado, el plan del Govern para reducir las listas de espera ha cosechado buenos resultados, ya que el tiempo de espera medio para una consulta ha pasado de 90 a 60 días y para una cirugía, de 125 a 90.

«Pero la huelga de médicos tiene consecuencias, además de económicas, en las listas de espera. Si se suspenden 50.000 actos médicos, más de 1.7000 cirugías y 28.000 consultas y pruebas radiológicas en 16 días, esto se tiene que reprogramar y altera inevitablemente los tiempos de espera», ha argumentado.

Por su parte, la exconsellera de Salud, Patricia Gómez, ha reprochado que los centros inaugurados recientemente «son de la legislatura pasada» y ha criticado la ausencia de la presidenta del Govern. Marga Prohens, de quien ha afirmado que se encuentra «en el Caribe» mientras los servicios públicos se degradan.

Defensa de la exención del catalán

En el bloque dedicado a la gestión de recursos humanos, García ha blindado la eliminación del requisito del catalán para los profesionales sanitarios. La supresión de esta barrera lingüística fue una de las primeras medidas del gobierno de Prohens nada más llegar al Consolat de Mar en el verano de 2023.

Según la consellera de Salud, la supresión del requisito no es un «capricho» sino una medida «responsable» que ha permitido la incorporación de 2.087 nuevos profesionales desde agosto de 2023.

De hecho, García ha recordado al PSIB que hasta seis informes del IB-Salut en la anterior legislatura gobernada por Francina Armengol alertaban, entre 2021 y 2023, de que exigir el requisito lingüístico era «inalcanzable» y un problema añadido a la «dramática» falta de personal en plantillas, la insularidad o el aumento de población.

Desde las filas socialistas, el diputado Álex Pitaluga ha rebatido estas cifras, sosteniendo que las plazas siguen sin cubrirse y que la medida sólo ha servido para vulnerar los derechos lingüísticos de los ciudadanos.