El caso del profesor condenado por acoso y que ha empujado a Baleares a pedir un cambio legislativo

En septiembre de 2025, el inicio de curso en un colegio público de Mallorca no se pareció a ningún otro anterior. Las aulas del CEIP Maria Antònia Salvà, en Son Sardina (Palma), permanecieron vacías durante días. Lo curioso es que no había huelga ni problemas de infraestructuras. El motivo de la estampida era la presencia de uno de los docentes que comenzaba en el centro aquel curso: Miquel Roldán. Profesor de Primaria, había sido condenado previamente a un año de prisión por acosar a un menor. El problema es que la Justicia no lo había inhabilitado y podía seguir ejerciendo. El clamor de las familias obligó a medidas de lo más creativas pero ahora, el Parlament balear ha movido ficha y blinda el futuro con una una modificación legislativa.

La historia arranca en el curso 2016-2017 cuando Roldán fue profesor del menor (que ganó el caso) en un centro de sa Cabaneta (Marratxí, un municipio anexo a Palma). La relación empezó en el aula pero poco a poco se intensificó en el exterior. Coincidían jugando al pádel en Marratxí, ya era el año 2020, y aquello empezaba a incomodar al chico.

Así que en septiembre de 2021 el menor decidió cortar. No se sentía cómodo. Los comentarios del profesor—«guapo», «guapetón»— y su insistencia en quedar a solas le generaban rechazo. Le bloqueó por tierra, mar y aire.

Insistencia, insistencia, insistencia

Pero Roldán insistió. La primera sentencia recoge mensajes, intentos de contacto, apariciones en los lugares donde el joven practicaba deporte. El menor empezó a reorganizar su vida para evitarlo y somatizó el estrés en forma de migrañas y angustia.

Fueron dos profesores quienes detectaron lo que estaba ocurriendo. La alerta llegó a la Policía Local de Marratxí. Durante semanas, una patrulla vigiló las entradas y salidas del instituto del menor para evitar que el docente se le acercara. Y finalmente, en diciembre de 2021, un juzgado dictó una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicación.

Pero ni siquiera así se dio por vencido. El adulto quebrantó la orden y se presentó en la pista en la que jugaba el chico. Permaneció allí, observándole.

Unas Navidades desaparecido

El caso dio un salto inesperado -y se catapultó en los medios de comunicación- en las Navidades de 2022 . Roldán desapareció en Nochebuena y reapareció días después. Explicó que todo formaba parte de una acción vinculada a su canción Aún me acuerdo de ti, cuyo videoclip incluía al menor y terminaba con un suicidio ficticio.

En paralelo, el recorrido judicial contibuaba su curso y Roldán acabaría siendo condenado por un delito de acoso. Un año de cárcel. Sin embargo, no había inhabilitación para ejercer como docente. El tribunal fue explícito en su razonamiento: los hechos se habían producido fuera del ámbito escolar y años después de la relación profesor-alumno. Existía, según la sentencia, una «desconexión» entre el delito y su condición de profesor. El sistema educativo, concluía, no se había visto afectado.

Las familias estallan y el Parlament mueve ficha

La realidad, no obstante, es tozuda y por mucho que la sentencia dijese que el sistema educativo no se había visto afectado, ya era demasiado tarde. En septiembre de 2025 fue destinado al CEIP Maria Antònia Salvà y las familias estallaron. Sabían quién era el nuevo profesor, conocían sus antecedentes penales y se negaron a llevar a los niños mientras el hombre impartiese clases ahí.

La Conselleria de Educación se encontró atrapada entre dos pantallas. Por un lado, la preocupación de las familias. Por otro, el marco legal. Sin una inhabilitación judicial, apartar al docente era prevaricar, así que impusieron una medida excepcional: someter al profesor a una vigilancia obligatoria de su salud para evaluar su idoneidad. ¿La respuesta del protagonista? Darse de baja y recurrir la decisión del Govern. Meses más tarde, la propia administración retiró la medida de vigilancia. El profesor la había recurrido por vulneración de derechos fundamentales y, además, ya no estaba en activo en ese momento.

Para entonces, la sociedad mallorquina ya estaba suficientemente escandalizada de que un docente con ese pasado pudiese moverse por los ecosistemas educativos. La normativa vigente sólo contempla la inhabilitación automática en casos de delitos sexuales o de trata. El acoso, el maltrato o los delitos de odio no estaban incluidos.

Ahora, Baleares quiere cambiarlo y blindar el futuro de casos como el de Roldán. Este martes, el Parlament aprobó iniciar la tramitación de una reforma para ampliar los supuestos de inhabilitación automática de profesores. No quieren más casos Roldán. La propuesta ha contado con un amplio respaldo parlamentario y, si culmina su recorrido, será elevada al Congreso.

Los grupos se obcecan en remarcar que no responde a un caso concreto, pero su origen resulta difícil de separar de lo ocurrido en el colegio de Son Sardina.