El PP exige al Gobierno que asuma la factura de las pateras en Baleares

A la presión asistencial y policial que desde hace años soporta Baleares por la llegada constante de pateras se suma ahora un nuevo frente que el Partido Popular ha decidido situar en el centro del debate político: el económico. No se trata ya solo de rescates y acogida de personas, sino de una cuestión más incómoda y, a juicio de los ‘populares’, deliberadamente esquivada por el Gobierno central: ¿quién paga la factura de las pateras?

La pregunta no es retórica. Detrás de cada embarcación que alcanza la costa balear hay una cadena de actuaciones que generan costes reales, inmediatos y acumulativos. Limpieza de playas, retirada de restos, transporte, almacenamiento, descontaminación y desguace. Un circuito técnico que se activa de forma casi automática y que, según denuncia el PP, está siendo financiado de facto por ayuntamientos y por el Govern, pese a que la competencia en materia de inmigración corresponde al Estado.

Con este planteamiento, los ‘populares’ han registrado una proposición no de ley en el Parlament balear en la que reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez que asuma «de modo inmediato y efectivo» todos los costes económicos y logísticos derivados de la inmigración irregular por vía marítima. La iniciativa busca forzar un posicionamiento claro de Moncloa en un terreno donde, hasta ahora, las responsabilidades se han diluido entre administraciones.

El movimiento político se produce en un contexto de presión migratoria en aumento, sin freno. En 2025, Baleares registró la llegada de 7.321 personas a bordo de 401 pateras, un 24,5% más que el año anterior y el dato más alto de la serie histórica. La consolidación de la ruta argelina ha convertido al archipiélago en un punto de entrada estable, con impactos que ya no son episódicos sino estructurales.

Municipios que hacen de Estado

Ahora, la estrategia del PP pasa por poner el foco en las consecuencias materiales. Municipios como Ses Salines, Santanyí o Campos se han visto obligados a asumir tareas que exceden sus competencias: movilizar brigadas de limpieza, contratar maquinaria pesada, habilitar espacios para almacenar embarcaciones e incluso gestionar residuos peligrosos. Todo ello con cargo a presupuestos municipales.

El problema no es menor si se atiende a la naturaleza de esos residuos. Las pateras suelen estar construidas con fibra de vidrio y contienen elementos como aceites, combustibles o baterías, lo que obliga a aplicar protocolos específicos de descontaminación. No es, por tanto, una simple retirada de residuos, sino una operación técnica que incrementa los costes y la complejidad de cada intervención.

Uno de los pocos indicadores cuantificables de este impacto lo aporta Ports de les Illes Balears (PortsIB), dependiente del Govern. Según los últimos datos de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, el coste medio de retirar, transportar, desguazar y descontaminar una patera asciende a 616 euros. Desde 2020, se han gestionado 324 embarcaciones en puertos autonómicos, con un coste acumulado de 199.680 euros.

Sin embargo, esta cifra representa solo una parte de la carga. Se limita a instalaciones portuarias y no incluye muchas de las actuaciones que se realizan directamente en playas o zonas de difícil acceso, donde los costes logísticos pueden ser incluso mayores. Es, en palabras de fuentes autonómicas, solo «una de las muchas facturas» asociadas al fenómeno.

La presión tampoco se distribuye de manera uniforme. Enclaves como la Colònia de Sant Jordi, Cabrera o Portocolom concentran la mayor parte de las llegadas y retiradas, lo que los convierte en puntos especialmente tensionados. En estos lugares, la acumulación de embarcaciones ha empezado a generar problemas de espacio en depósitos y puntos verdes, donde se almacenan a la espera de su eliminación definitiva.

A este escenario se añade un impacto ambiental y paisajístico cada vez más visible. El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha advertido de que algunas zonas del litoral están derivando hacia situaciones cercanas a «vertederos y desguaces incontrolados». Una imagen que choca frontalmente con el modelo turístico del archipiélago y que introduce un nuevo coste, menos cuantificable pero potencialmente más dañino: el reputacional.

La PNL presentada por el PP articula tres demandas concretas. En primer lugar, que el Estado asuma íntegramente los costes derivados de la gestión de pateras. En segundo, la creación de un fondo de compensación para ayuntamientos y Govern que permita cubrir los gastos ya asumidos. Y, por último, el refuerzo de políticas migratorias «legales, ordenadas y humanas» que reduzcan la presión sobre la ruta balear.

Baleares quiere elevar el debate a nacional: es un fenómeno al alza

El tono de la iniciativa es abiertamente beligerante y busca elevar el conflicto al plano político nacional. Los ‘populares’ acusan al Gobierno central de trasladar responsabilidades económicas a administraciones que no tienen ni la competencia ni los recursos suficientes para afrontarlas de forma sostenida.

Este nuevo pulso se produce, además, en plena reactivación de las llegadas. Solo en las últimas horas, un total de 81 migrantes han alcanzado aguas de Formentera y Cabrera a bordo de cuatro pateras, en una nueva oleada que confirma que la presión migratoria no da tregua.

El jueves por la tarde fueron rescatadas 28 personas de origen subsahariano al sur de Formentera. Ya en la madrugada del viernes, otras 15 de origen magrebí eran localizadas cerca de Cabrera. Ese mismo día, dos nuevas embarcaciones elevaban la cifra con 18 y 21 ocupantes más.

Cada una de esas pateras, más allá del drama humano que representan, activa también una nueva factura. En descuento electoral conviene dejar claro quién lo asume.