El 'limbo' de los funcionarios de Justicia en Baleares: «He trabajado 48 días sin existir para el Estado»

Detrás del escándalo hay personas. Hombres y mujeres que sostienen, en este caso, el funcionamiento diario de la Justicia en Baleares. Profesionales que tramitan expedientes y atienden procedimientos y, sin embargo, han sido víctimas de uno de los atropellos laborales más graves que puede cometer una administración pública: hacerles trabajar sin estar dados de alta en la Seguridad Social. El caso, destapado por El Debate, demuestra la quiebra profunda del sistema de garantías que el propio Estado está obligado a proteger. Cuando la institución que debe velar por la legalidad incumple sus propias normas, el daño no es sólo administrativo sino profesional, personal y ético.

Uno de los casos más flagrantes es el de una empleada pública, una auxiliar de Justicia, a la que la administración ha dado de alta en la Seguridad Social con efectos del 9 de abril. Sobre el papel, su relación laboral empieza ese día pero la realidad es que la trabajadora llevaba en su puesto desde el 20 de febrero. Eso significa que durante todo ese periodo previo —desde el 20 de febrero hasta el 8 de abril— ha estado trabajando sin estar dada de alta. 48 días en los que ha prestado servicio en un limbo administrativo.

Su vida laboral acredita que la fecha «oficial» y la fecha «real» no coinciden. Es más de mes y medio de trabajo efectivo que no aparece en los registros de la Seguridad Social, y todo ello en perjuicio de la trabajadora. ¿Cómo arreglarán esa cotización fantasma?

Otra protagonista -María, nombre ficticio- cuenta que en su caso, la gerencia sí empató fechas y ha sido dado de alta con efectos del mismo día de su toma de posesión. «Pero el caos, los sustos y los disgustos no nos lo quita nadie».

Su cronograma empieza en marzo, cuando toma posesión de su plaza en el proceso de estabilización. Llevaba 14 años encadenando contratos de interinos en el mismo puesto y, por fin, alcanzaba la estabilidad.

«Pues no», relata a El Debate. «Yo me creo que estoy trabajando desde marzo, asumo que ese mes no cobro (porque es lo habitual en Justicia que el primer mes no te pagan y has de esperar al segundo) pero la sorpresa me la llevo el 13 de abril cuando me llaman del Ministerio de Justicia y me preguntan qué ha pasado, que no figuro como que he tomado posesión de mi plaza». María alucina. «Estaban llamando uno a uno de esa tanda porque Madrid no sabía nada. Nuestra gerencia no había comunicado nada al Ministerio».

¿Y el alquiler?

Los sindicatos empiezan a correr la voz y a movilizarse. Los mensajes en el grupo de whatsapp alertan a los integrantes, que se temen lo peor. «Si no has tomado posesión de tu plaza, la puedes perder. En este caso, Madrid tuvo la deferencia de llamar y preguntar, pero es inadmisible».

Nueve días más tarde, con sus nueve noches de preocupación, María por fin aparece en la base de datos del Ministerio pero ella, que revisa su estado en la Seguridad Social cada día, comprueba que a efectos de cotización sigue desaparecida. «No es hasta el 27 de abril -cuando este medio ya había destapado el caso- que me dan de alta con efectos retroactivos totales».

Ella tuvo suerte. No tendrá que litigar por días que trabajó y no aparecen en el historial del Ministerio de Elma Saiz.

«Y además, yo soy mallorquina. Tengo la fortuna de que no me iba a quedar en la calle, pero tengo compañeros que vienen de la península y pagan un alquiler. ¿Qué pasa si no cobran? ¿Quién le va a dar explicaciones a esos caseros?».

Riesgo penal en el seno de la Justica

Lo que sí se pregunta María es qué habría pasado si ella, o cualquiera de sus compañeros fantasma hubiesen tenido un accidente en el trabajo. Si se caen por una escalera, si se dan un golpe en la cabeza, si tienen un choque en la moto cuando van a la oficina... Episodios comunes que, gracias a la Seguridad Social, cubren al trabajador.

«Pero si no estás inscrito, ¿cómo te dan la baja?». Esto que apunta es el extremo más grave del cuadro. Hasta aquí se trata de infracciones muy graves del ámbito laboral, que conllevan multas además del pago de las cotizaciones debidas con recargos. Pero el caso puede acabar en Penal si se da, por ejemplo, este hecho. En la jurisdicción Penal para la que ellos mismos trabajan. El colmo de la paradoja.

Y mientras tanto, el sindicato que ha denunciado el caso se suma al Govern y eleva las irregularidades a Inspección de Trabajo. «La Justicia no puede seguir así», concluyen para este medio.

El caso destapado por El Debate llega al Senado

El Partido Popular ha decidido elevar el tono y llevar hasta el Senado un escándalo que, a su juicio, retrata al Gobierno en su peor versión: la de una Administración que exige cumplir la ley mientras la vulnera desde dentro.

Tras las revelaciones de El Debate, los populares han puesto contra las cuerdas a la Delegación del Gobierno en Baleares, denunciando sin matices un «fraude laboral» que golpea de lleno al corazón mismo de la Administración de Justicia. En el centro de la diana sitúan a Alfonso Rodríguez Badal, al que señalan como máximo responsable de haber permitido que decenas de funcionarios trabajaran durante semanas en situación irregular, sin estar dados de alta en la Seguridad Social, en lo que califican como un «escándalo» que deja al Estado «a los pies de los caballos».

Para el PP no hay margen para la interpretación ni para las excusas técnicas: sostienen que no se trata de un fallo puntual, sino de una negligencia grave con consecuencias directas sobre los derechos de los trabajadores y sobre la credibilidad institucional. Con su ofensiva parlamentaria, los populares buscan forzar explicaciones públicas y evidenciar lo que consideran una contradicción insostenible: que el propio Estado incurra en prácticas que rozan —según su denuncia— la economía sumergida que dice combatir.