El alcalde de Ibiza niega un trato de favor en su vivienda y anuncia que la alquilará a precio limitado

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero (PP), ha salido este martes al paso de las informaciones que le vinculan con la supuesta adjudicación irregular de una vivienda pública por parte de su mujer y aseguró que ha actuado «en todo momento» dentro de la ley.

En una comparecencia convocada, según explicó, para «contar la verdad y desmentir las falsedades publicadas» el regidor rechazó haber adquirido una vivienda pública o haberse beneficiado de un recurso reservado. «En todo momento» ha cumplido «la ley escrupulosamente», sostuvo respondiendo a las informaciones de La Voz de Ibiza.

Triguero denunció que se está utilizando de forma interesada la figura de la vivienda de precio limitado «para crear indignación» y sembrar la sospecha de que se habría aprovechado de una adjudicación pública. «Eso es absolutamente falso».

Según su versión, la operación se remonta a diciembre de 2024, cuando adquirió junto a su familia un local comercial en su mismo edificio residencial «a precio de mercado». Un inmueble que posteriormente fue reconvertido en vivienda de precio limitado.

No le consta ninguna irregularidad

«Os puedo garantizar que he seguido toda la tramitación orientado por técnicos y servicios jurídicos», afirmó, subrayando además que hasta la fecha no se le ha comunicado ninguna irregularidad en el proceso administrativo.

El alcalde atribuye la polémica a un ataque personal. «Esto trata de quebrantar mi honor, mi honestidad y el de mi familia», aseguró, reconociendo que sabía que la compra del local y su cambio de uso acabarían llegando «algún día» al debate público.

«El periodismo no debería ir sobre los ‘clicks’ que uno pueda ganar y sobre visualizaciones. Todo tiene unos límites y considero que aquí se han sobrepasado», apuntó atacando a los medios de comunicación, y aseguró que estudia emprender medidas legales para defender su reputación y la de su entorno familiar.

Triguero avanzó también que, una vez concluya toda la tramitación, la vivienda será incorporada al mercado de alquiler bajo el régimen de precio limitado, insistiendo así en que el inmueble no quedará fuera del marco legal previsto para este tipo de promociones.

El PSOE dice que da una «versión falsa»

Los socialistas acusan al primer edil de levantar una «versión falsa» para justificar su mudanza a un local convertido en Vivienda de Precio Limitado. Un movimiento que, según la oposición, chirría con la legalidad vigente y con el propio espíritu del decreto de medidas urgentes del Govern del PP.

El PSOE sostiene que la mujer del alcalde ya es titular de otra vivienda en el mismo edificio donde residían hasta ahora. Un detalle que, sobre el papel, resulta «incompatible» con los beneficios de una VPL, pensada para quienes no tienen casa en propiedad.

El PSOE denuncia que Triguero ha omitido un paso obligatorio, como es inscribir el inmueble en el registro del Govern. A esto se suma una valla instalada fuera de ordenación que, aseguran, se salta tanto la Ley de Propiedad Horizontal como el Plan General (PGOU) de la ciudad.

«Triguero vive en una vivienda protegida sin tener derecho legal a hacerlo», insisten los socialistas. El remate, según la denuncia, es el uso del decreto —diseñado para facilitar hogares asequibles— mientras el alcalde, presuntamente, alquila su residencia anterior.

Vox pide ejemplaridad

Vox también ha pedido explicaciones a Triguero recordándole que «la ejemplaridad en el acceso a vivienda protegida no es una opción, sino una obligación para cualquier cargo público».

El portavoz del grupo municipal, Héctor Andrés, ha señalado que «los ciudadanos merecen respuestas claras y sin ambigüedades ante unas informaciones que generan preocupación y desconfianza».

Asimismo, ha añadido que «la transparencia debe ser total cuando se trata de cuestiones que afectan directamente al acceso a recursos públicos tan sensibles como la vivienda». Vox Ibiza insiste en que, por el momento, su intención es conocer la versión oficial del alcalde y evitar valoraciones precipitadas. No obstante, advierte de que, en caso de no obtener explicaciones claras en los próximos días, trasladarán la cuestión al próximo pleno municipal previsto para finales de mayo, donde exigirán las correspondientes responsabilidades políticas si así procede. «El Ayuntamiento debe ser el primer garante del cumplimiento de la legalidad y de la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda. Actuaremos con prudencia, pero también con la firmeza que exige la situación», concluyen desde la formación.