Segunda sesión del Debate de Estado en el Ayuntamiento de Palma
Palma reconocerá como vulnerables a hombres víctimas de violencia intrafamiliar y autónomos asfixiados
A propuesta de Vox y con el apoyo del PP, revisará los criterios de vulnerabilidad para incluir a colectivos «invisibles» pese a la oposición de la izquierda
Palma da un giro de 180 grados a sus políticas sociales. El Consistorio palmesano ha aprobado esta semana una modificación sustancial en los criterios que definen la vulnerabilidad social, abriendo el paraguas a los hombres víctimas de violencia intrafamiliar y los trabajadores autónomos con ingresos mínimos, dos colectivos que hasta la fecha quedaban fuera del radar oficial.
La medida, nacida de una iniciativa de Vox y que ha contado con el respaldo necesario del PP, busca que la expedición de certificados de riesgo de exclusión responda a una situación «más justa y real». El objetivo es evitar que se ignore a ciudadanos que, aun encontrándose en situaciones de precariedad severa, no encajaban en las categorías estancas de la normativa vigente.
A partir de ahora, los técnicos municipales darán cobertura a los hombres que sufren violencia intrafamiliar. Se garantiza que su situación sea reconocida oficialmente para que puedan acceder a los programas y ayudas municipales en igualdad de condiciones, eliminando el sesgo que, según los impulsores de la medida, los mantenía desprotegidos.
De urgencia social
Por otro lado, la revisión incluye específicamente la figura del autónomo que, a pesar de mantener su actividad, se encuentre en una situación de dificultad económica derivada de la presión fiscal y la caída de ingresos. Para evaluar su exclusión, se tendrá en cuenta el rendimiento neto real y la carga impositiva, y no el simple hecho de ser titular de un negocio, una barrera que históricamente les impedía acceder a prestaciones.
La concejal de Vox, Jero Mayans, encargada de defender la propuesta, reivindica reformulación como una «urgencia social». «Nos sentimos satisfechos porque el PP también reconoce que los certificados que se expiden actualmente no reflejan la realidad de nuestros ciudadanos».
Según la edil, mantener el sistema anterior suponía dejar en la estacada a personas que «realmente son vulnerables ahora» pero que, al no ser reconocidas por el marco legal, «quedaban fuera de todas las ayudas que este Ayuntamiento puede ofrecer».
La iniciativa contó con el rechazo de los grupos de la izquierda (PSOE, Més y Podemos), que sostienen que esta ampliación de criterios busca «excluir de las ayudas a los más vulnerables» y afectar a los recursos destinados a los colectivos que actualmente se consideran prioritarios. No obstante, la mayoría conformada por PP y Vox ha validado este giro en la política social que prioriza el riesgo de exclusión individual por encima de las categorías preestablecidas.